Un total de 17 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas han presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, por delitos de prevaricación administrativa y coacciones, según consta en una denuncia
La querella, impulsada por el despacho dirigido por Antonio Suárez-Valdés en nombre de los militares afectados, se enmarca, según los denunciantes, en «la cerril negativa» del Ministerio de Defensa, encabezado por Margarita Robles, a permitir que personal militar español desempeñe puestos como personal civil en agencias internacionales de la OTAN, pese a estar expresamente contemplado en la normativa vigente.
Según recoge el escrito los firmantes ocupan actualmente puestos como personal civil internacional de la Alianza Atlántica, contratados como personal estatutario por distintas agencias del organismo. Todos ellos son militares de carrera que se encuentran en situación de excedencia por interés particular o de servicios especiales.
La representación legal solicita a la Sala de lo Penal del Supremo que Mateos sea llamada a declarar como investigada al considerar que «viene denegando, de forma contraria al ordenamiento jurídico vigente, la concesión del pase a la situación de servicios especiales de los militares españoles contratados como personal civil de la OTAN».
Los querellantes explican que, tras recibir ofertas o renovaciones contractuales por parte de las agencias de la Alianza, solicitaron el pase a servicios especiales, aportando certificados oficiales donde se detallaba el carácter estatutario del puesto. Sin embargo, ante lo que califican como una práctica «arbitraria y sistemática» por parte de Defensa, se vieron forzados a solicitar la excedencia por interés particular para no perder sus destinos.
Los militares subrayan que a varios de ellos se les había concedido previamente esa misma situación administrativa, circunstancia que, según recuerdan, fue avalada posteriormente por resoluciones judiciales. «Sin embargo, por cuestiones puramente políticas, la subsecretaria cambió de criterio y pasó a denegar de forma sistemática la gran mayoría de las solicitudes», denuncian.
Defensa habría justificado estas negativas en una supuesta necesidad de autorización previa del Estado español, un requisito que, según los querellantes, «no está contemplado en la normativa vigente». Esta actuación habría obligado a los afectados a elegir entre renunciar a sus puestos en la OTAN o aceptar una situación administrativa «más gravosa». En cuanto a las coacciones, la querella sostiene que se habrían producido mediante «la utilización del poder público como fuerza compulsiva», colocando a los militares ante una alternativa «forzada e ilegítima».
