El exministro y actual embajador de España ante la Unesco, Miquel Iceta, canaliza la mayor parte de su patrimonio inmobiliario, valorado en más de diez millones de euros, a través de la sociedad Promoción de Locales Industriales SL, una estructura que le permite reducir de forma significativa su carga fiscal.
Según la documentación analizada por El Debate, la mercantil gestiona una cartera de 27 inmuebles —ocho viviendas, dos locales comerciales y quince plazas de garaje— cuya explotación mediante alquiler genera ingresos recurrentes. En 2024, la sociedad facturó 443.727 euros.
La clave del ahorro fiscal reside en el tipo impositivo. Los beneficios de la empresa tributan en el Impuesto sobre Sociedades al 25%, muy por debajo de los tramos superiores del IRPF, que en España pueden alcanzar el 47%. Esto implica que los rendimientos generados por estos activos soportan una carga fiscal sensiblemente menor que si fueran percibidos directamente por Iceta como persona física.
Las cuentas reflejan ese esquema. La sociedad abonó 34.014 euros en 2022, 47.200 euros en 2023 y 46.528 euros en 2024 en el Impuesto sobre Sociedades, con beneficios positivos en todos los ejercicios. De haberse declarado esos mismos ingresos en el IRPF, la factura fiscal habría sido notablemente superior.
El impacto no se limita a este impuesto. La estructura societaria permite también optimizar la tributación en el Impuesto sobre el Patrimonio, al declararse participaciones sociales en lugar de inmuebles individuales, lo que puede reducir la base imponible. Además, facilita operaciones de transmisión y sucesión al evitar la tributación individualizada de cada activo.
La mercantil presenta una estructura consolidada, con un patrimonio neto superior a 6,4 millones de euros y un capital social de 6,7 millones. Se trata de una sociedad con actividad real, centrada en la gestión y rentabilización de activos inmobiliarios.
Este modelo es habitual en grandes patrimonios, pero en el caso del dirigente socialista cobra relevancia al compararse con su declaración pública de bienes. Iceta consignó un patrimonio inmobiliario de 656.871,46 euros, una cifra muy inferior al valor de los activos que controla a través de la sociedad.
El uso de esta estructura, legal en el ordenamiento jurídico, permite separar la titularidad directa del control efectivo del patrimonio y, en la práctica, reducir de forma sustancial la carga fiscal asociada a ingresos de cientos de miles de euros anuales.