El Ministerio de Sanidad dirigido por Mónica García ha adjudicado dos contratos por un importe superior a 100.000 euros a la empresa Atocha Ginecológica, una clínica privada con sede en Málaga, para la realización de abortos a mujeres residentes en Melilla. Las pacientes serán derivadas desde el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), organismo dependiente del propio Ministerio, ante la imposibilidad de practicar estas intervenciones en hospitales públicos de la ciudad autónoma.

Los contratos formalizados suman un total de 104.962,70 euros. El primero, por valor de 86.156,16 euros, cubre la realización de abortos hasta la semana 14 de gestación. El segundo, dotado con 18.806,54 euros, se destina a los abortos practicados a partir de esa semana.

El acuerdo tendrá una vigencia de 24 meses, hasta febrero de 2028. Durante ese periodo, las mujeres que soliciten abortar en Melilla deberán desplazarse hasta Málaga, generalmente en avión, para someterse a la intervención en esta clínica privada.

La adjudicación refleja que el Ministerio no ha logrado implantar la práctica de abortos en hospitales públicos de Melilla, a pesar de que la sanidad de la ciudad depende directamente del propio departamento de Sanidad. Junto con Ceuta, Melilla es una de las dos únicas regiones de España cuya asistencia sanitaria está gestionada por el Estado a través del INGESA.

La situación contrasta con el escenario de Ceuta. Allí el Ministerio anunció recientemente que ya se han practicado los primeros abortos en centros sanitarios públicos tras años en los que todas las intervenciones se realizaban fuera de la ciudad.

En Melilla, sin embargo, el modelo continúa basado en derivaciones externas. Según los datos disponibles, el 100% de los abortos solicitados por mujeres residentes en la ciudad se realizan en clínicas privadas de la península.