El municipio de Jaén, con una población de 111.767 habitantes, se enfrenta a una asfixiante deuda de 547 millones de euros, lo que equivale a un pasivo de 4.898 euros por persona. Esta cifra convierte a la ciudad en el municipio más endeudado de España en relación a su población. Sin embargo, esa misma carga financiera parece haberse convertido en la moneda de cambio para que el PSOE accediera al poder municipal. El Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, ha sido clave en un acuerdo alcanzado entre los socialistas y la formación local Jaén Merece Más, según avanza Libremercado.
Este pacto busca reestructurar los compromisos de pago del Ayuntamiento con el Estado, incluyendo medidas como la dación en pago de bienes públicos para saldar parte de la deuda. Aunque no se menciona explícitamente una quita, muchos analistas creen que las medidas pactadas apuntan a una condonación parcial de la deuda.
A finales de diciembre, el documento suscrito entre las partes destacaba que es imprescindible una reducción significativa de los intereses que el consistorio paga al Estado y la aplicación de una carencia en los pagos. Según el acuerdo, el Ministerio de Hacienda se compromete a implementar medidas extraordinarias para aliviar la carga financiera que enfrenta Jaén.
La Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) ya había advertido en julio sobre el grave deterioro de las finanzas municipales de Jaén, clasificándola como una ciudad con «riesgos de sostenibilidad«. En un informe exhaustivo, la institución señalaba que el gasto público desmedido era uno de los factores principales de su crisis. «Entre las entidades con problemas de sostenibilidad, destaca el incremento del gasto computable estimado en los ayuntamientos de Alcorcón (21%), Jaén (16%) y San Andrés del Rabanedo (9%)», apuntaba el informe.
Para la Airef, la solución no pasa por un trato de favor, sino por la aplicación de las medidas correctivas estipuladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La institución también recomendaba una vigilancia estricta sobre las cuentas del Ayuntamiento, advirtiendo que el manejo de la deuda requería transparencia y rigor fiscal, en lugar de una posible condonación disfrazada de reestructuración.
La comparecencia de Montero refuerza la percepción de que este acuerdo responde a intereses políticos más que a criterios técnicos. La cesión de bienes públicos como dación en pago, así como la flexibilización de los términos financieros, son vistos como un alto precio para garantizar la alcaldía socialista en un bastión políticamente disputado como Jaén.
Con el aval de Hacienda, el PSOE logra el control municipal de una ciudad que, aunque asfixiada por su deuda histórica, ha visto cómo su situación financiera se convierte en un instrumento de negociación política a nivel nacional. El tiempo dirá si este acuerdo es un paso hacia la recuperación de Jaén o si perpetuará las dudas sobre la independencia y objetividad en la gestión de las finanzas públicas.
