«El 155 no implica la merma de uno solo de los derechos laborales», dice.
El Gobierno ha asegurado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la destitución de todo el gobierno catalán golpista no implica la merma de uno solo de los derechos «laborales» del expresidente fugado y de sus consejeros golpistas.
Así, el ministerio de Hacienda ha estimado que Carles Puigdemont y sus consejeros «tienen derecho a recibir una compensación en concepto de pagas extras y vacaciones». La cantidad, calculada según el tiempo en el que ejercieron su cargo, se eleva a 7.000 euros.
Puigdemont, que cobraba 139.585,67 euros al año, ha dicho este domingo que si «se respeta el resultado» de las elecciones del 21D y la aplicación del artículo 155 es rechazada en las urnas deberá «volver» a Cataluña.
En una entrevista publicada por La Vanguardia, ha apuntado que «no puede ser que las ideas que te hacen presidente te lleven a la cárcel».
Asimismo, cree que si se repiten las elecciones en Cataluña será la «constatación del fracaso político» de la fórmula de Mariano Rajoy, igual que si sale el mismo Parlament que en los pasados comicios catalanes, con una victoria del secesionismo. «Si el 155 es rechazado en las urnas, deberé volver» a Cataluña, ha aseverado Puigdemont, pendiente de rendir cuentas ante la justicia tras su deriva unilateral.
Ha asegurado asimismo que ha sido cesado por Rajoy y que sólo el Parlament «puede nombrar o cesar a un presidente, por lo que considera que sigue siendo presidente de Cataluña y que el Parlament decidirá si nombra a otro tras el 21D.
Preguntado sobre por qué ningún país reconoció a la Cataluña independiente, Puigdemont ha dicho que no pidió «el reconocimiento de nadie» pero que el Estado español sí pidió a las cancillerías que se pronunciaran al respecto.
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