El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla (PP), ha colocado al frente de la Secretaría de Vivienda del PP en Andalucía a Mari Paz Fernández Lobato, alcaldesa que no ha construido ni una sola vivienda protegida en 15 años y está imputada por presuntas irregularidades en la gestión de la empresa pública de limpieza de Ronda.

La designación, impulsada por la dirección regional del Partido Popular, llega meses después del congreso autonómico celebrado en Sevilla a comienzos de noviembre, en el que se configuró un Comité Ejecutivo de grandes dimensiones. El nombramiento se produce en una fase posterior, a modo de ampliación de un organigrama con cargos de escaso peso orgánico, pensado más para recolocar perfiles municipales que para dotar de contenido real a áreas estratégicas.

El carácter secundario del puesto se refleja tanto en el momento elegido como en sus funciones prácticas. La Secretaría de Vivienda carece de competencias ejecutivas y no tiene capacidad real de influencia en las políticas del Gobierno andaluz, lo que, según fuentes internas, la convierte en un cargo meramente decorativo dentro del aparato del partido.

Más llamativo resulta el currículum de la nueva responsable en esta materia. Al frente del Ayuntamiento de Ronda desde hace tres lustros, Fernández Lobato no ha promovido ni una sola vivienda de protección oficial, ni en régimen social ni mediante fórmulas de autoconstrucción. Todo ello en un contexto de creciente dificultad de acceso a la vivienda, especialmente entre jóvenes y familias con menos recursos, una situación que la oposición local ha denunciado de forma reiterada.

La elección de una dirigente sin trayectoria alguna en políticas de vivienda pública refuerza la idea de que esta secretaría tiene un papel irrelevante dentro del proyecto del PP andaluz. Para los críticos, el mensaje es claro: la vivienda protegida no figura entre las prioridades reales del Ejecutivo que lidera Juanma Moreno Bonilla desde el Palacio de San Telmo.

El nombramiento también tiene una evidente dimensión política interna. Fernández Lobato se encuentra imputada en el denominado caso Soliarsa, relativo a la gestión de la empresa municipal de limpieza. En ese procedimiento, la Fiscalía solicita cinco años de prisión, ocho de inhabilitación y la devolución de 42.000 euros al Ayuntamiento, al apreciar posibles delitos de prevaricación, malversación y fraude cometidos durante sus mandatos.

En este contexto, la nueva responsabilidad orgánica funciona como un balón de oxígeno político para la alcaldesa, permitiéndole proyectar la imagen de que sigue contando con el respaldo de la cúpula autonómica del partido pese a su situación judicial. No en vano, tras conocerse su designación, la propia Fernández Lobato difundió el anuncio en redes sociales, agradeciendo la «confianza» del presidente andaluz y reivindicando su continuidad en la primera línea política.

Para la oposición y para sectores críticos dentro y fuera del PP, el movimiento resume con claridad la política de vivienda del Gobierno andaluz: un área sin contenido, sin resultados y utilizada como simple herramienta de promoción interna, incluso para perfiles marcados por la ausencia de gestión y por causas judiciales pendientes.