Tras las políticas comunes entre los distintos Gobiernos de PP y PSOE que premian la deslealtad al proyecto común.
En España, hay demandas separatistas de toda índole y aunque son minoritarias, algunas rozan lo surrealista. Y todo tras la decisión siempre común entre los distintos Gobiernos de PP y PSOE de premiar la deslealtad al proyecto común.
El pasado viernes, se conoció a través de un sondeo del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO) que el apoyo a la independencia de Cataluña ha perdido ocho puntos respeto al pasado octubre y ha caído hasta el 40,8%, mientras que los contrarios a la secesión ya son el 53,9%.
Cataluña copa la actualidad por la huida hacia delante de sus dirigentes, algunos presos y otros prófugos de la Justicia, pero no es la única en la que hay interés secesionista. Además de Galicia y el País Vasco, también está Extremadura, Aragón, Andalucía, Asturias, etc.
En Extremadura, por ejemplo, los regionalistas ya han advertido que son «una nación» y han amenazado con un referéndum de secesión -¿les suena?- si no logran más inversiones del Estado. Denuncian el olvido y abandono al que, a su juicio, está sometida la región por parte del poder central y que lleva «más de 15 años de retraso respecto a la media nacional, y más de 30 si se compara con el País Vasco».
En Aragón, la entidad juvenil Purna dice ser «independentista, socialista revolucionaria y luchar contra el patriarcado». En este sentido, manifiesta que la «soberanía» les permitiría «romper lazos con las políticas neoliberales y ultra-capitalistas que vienen impuestas desde el gobierno español, pudiendo desde ese Aragón soberano poner en marcha políticas de una izquierda transformadora», y en Andalucía, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) relata que su comunidad ha sufrido «un proceso de colonización del pensamiento» que le «ha robado gran parte de la cultura» y pide «la liberación».
Existen incluso movimientos secesionistas dentro de las provincias. Es el caso de León. La Plataforma ciudadana Xuntanza, que nació con el objetivo de la configuración del pueblo leonés como sujeto independiente, reivindica el «país leonés» y su soberanía.
Asegura que la «opresión nacional» es el «factor clave de la posición subordinada que el pueblo leonés tiene en la esfera pública» y pide «romper con el nacionalismo español».
Esta semana, ha considerado «oportunistas» las declaraciones del presidente de la comunidad, Juan Vicente Herrera, en las que, según dicen, quita legitimidad al autogobierno leonés. «Es necesario recalcar que Castilla y León se creó contra la voluntad manifiesta y notoria del pueblo leonés, eludiendo la celebración de un referéndum que se sabía perdido por los agentes políticos del 78», ha añadido.
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