Una mujer vulnerable y su hijo de nueve años han sido desahuciados este martes de su vivienda en el barrio barcelonés de El Clot, apenas dos semanas después de que Pedro Sánchez asegurara que su Gobierno impediría nuevos desalojos como el de Maricarmen. La afectada, identificada como Ghariba, llevaba dos años residiendo en el inmueble y abonando mensualmente el alquiler, aunque descubrió posteriormente que había sido víctima de una presunta estafa por parte del hombre que le había subarrendado la habitación.
El desalojo se ha producido después de tres intentos y pese a la movilización de más de 70 activistas del Sindicat d’Habitatge del Clot-Camp de l’Arpa, que se concentraron a las puertas del edificio para tratar de impedir la actuación judicial. Finalmente, los Mossos d’Esquadra ejecutaron la orden y la mujer tuvo que abandonar el piso acompañada de su hijo y con varias bolsas en las que había recogido sus pertenencias.
La situación de Ghariba tiene su origen en un supuesto engaño inmobiliario. Según su testimonio, había firmado un contrato para alquilar una habitación y cumplía con los pagos acordados. Sin embargo, la persona que recibía el dinero no lo entregaba a la empresa propietaria del inmueble, Rambert 2001 SL, lo que provocó que se acumularan cantidades pendientes y terminara iniciándose un procedimiento judicial por impago. La mujer asegura que desconocía lo sucedido hasta que recibió la correspondiente reclamación y que el hombre con el que había contratado desapareció.
Pese a que los Servicios Sociales de Barcelona habían reconocido su situación de vulnerabilidad, la afectada no pudo beneficiarse de la protección frente a determinados desahucios en las condiciones previstas por la normativa. El principal obstáculo fue que no aparecía como arrendataria en el contrato suscrito con la propiedad. Esta circunstancia permitió que continuara el procedimiento judicial, a pesar de que la mujer sostiene que había pagado regularmente por residir en el inmueble.
La organización vecinal que ha acompañado a Ghariba durante el proceso asegura que intentó alcanzar un acuerdo con la sociedad propietaria para garantizar la permanencia de la familia mediante un alquiler social. Sin embargo, Rambert 2001 SL rechazó negociar una solución de estas características, según denuncia el sindicato, y el procedimiento acabó desembocando en la expulsión de la madre y el menor.
La ejecución del desahucio había sido aplazada anteriormente en dos ocasiones. El primer intento estaba previsto para el 5 de octubre, pero tuvo que suspenderse como consecuencia de las intensas precipitaciones que llevaron al Ejecutivo catalán de Salvador Illa a activar la alerta roja. Posteriormente, el 14 de octubre, tampoco pudo llevarse a cabo por la ausencia de un dispositivo policial suficiente. El tercer señalamiento, fijado para este martes, terminó con la intervención de los Mossos y la salida definitiva de la familia.
El caso se produce después de que el presidente del Gobierno anunciara el pasado 6 de octubre nuevas medidas para reforzar la protección de las familias vulnerables. Durante su comparecencia posterior al Consejo de Ministros, Sánchez aseguró que su Ejecutivo no permitiría que volviera a producirse un desahucio como el sufrido por Maricarmen, la mujer cuyo caso había generado una importante controversia política y social. El dirigente socialista afirmó además que mantendría ese compromiso durante el resto de la legislatura.
Apenas quince días después de aquellas declaraciones, el desalojo de Ghariba y su hijo vuelve a poner de manifiesto las limitaciones de los mecanismos de protección cuando los afectados no figuran como titulares de los contratos de arrendamiento. Aunque el Gobierno ha defendido sus nuevos decretos como instrumentos para evitar que las personas vulnerables pierdan su hogar, la situación de esta familia evidencia que no todos los supuestos quedan cubiertos por las medidas anunciadas.
