Representantes del sector agrícola marroquí han lanzado una ofensiva pública contra las organizaciones agrarias españolas que cuestionan las condiciones del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos, según recoge El Debate.
Las críticas se dirigen especialmente contra COAG y su secretario general en Almería, Andrés Góngora, a quienes distintos productores y exportadores marroquíes acusan de utilizar el debate agrícola con fines políticos y de intentar perjudicar la imagen de los productos procedentes del país magrebí.
La reacción llega en un momento especialmente sensible para Rabat. El acuerdo que extiende las preferencias arancelarias a productos procedentes del Sáhara Occidental se aplica de forma provisional desde el 3 de octubre de 2025, mientras el procedimiento para su aprobación definitiva continúa en el Parlamento Europeo.
«Trabajan para politizar este asunto»
Uno de los dirigentes que ha intervenido en la polémica es Ahmed Bouneama, presidente de la Asociación Unida de Agricultores de Souss. En declaraciones recogidas por el medio marroquí Hespress, Bouneama sostuvo que las campañas contra los productos del reino reaparecen especialmente en periodos de tensión política y electoral en España.
La reacción se produjo después de que Góngora relacionara públicamente la reciente crisis de Ceuta con la posibilidad de que Marruecos obtuviera nuevas concesiones comerciales por parte de Bruselas y Madrid.
El dirigente de COAG afirmó que la tensión fronteriza podía terminar generando más facilidades para los productos agrícolas marroquíes en el mercado europeo.
Desde Marruecos rechazan esa interpretación. El productor y exportador Ali Bida, vinculado a explotaciones agrícolas en el Sáhara Occidental, afirmó que «algunas asociaciones agrícolas de España trabajan para politizar este asunto y aprovechar los acontecimientos para ganarse a la opinión pública y ejercer presión sobre los productos marroquíes».
Medios marroquíes han reproducido durante los últimos días ese mismo argumentario y han presentado las críticas españolas como una campaña destinada a limitar el acceso de sus productos al mercado europeo.
COAG denuncia «competencia desleal»
La posición de los agricultores españoles es distinta. COAG lleva años denunciando que los productores marroquíes compiten con ventajas derivadas de costes laborales inferiores y diferencias regulatorias en materia fitosanitaria y medioambiental.
La organización sostiene que esas diferencias permiten producir determinados alimentos a precios que resultan difíciles de igualar para los agricultores europeos sujetos a la normativa comunitaria.
El tomate es uno de los productos que concentra buena parte de la controversia, aunque también existen disputas en sectores como las fresas, las judías verdes y otras frutas y hortalizas. Los agricultores españoles reclaman asimismo reciprocidad en las exigencias sanitarias y laborales aplicadas a las importaciones procedentes de terceros países.
Rabat pide protección para sus exportaciones
Los productores marroquíes han pedido a su Gobierno que intervenga para garantizar la continuidad de sus exportaciones hacia España y el resto de Europa. En concreto, han reclamado actuaciones de los ministerios marroquíes de Agricultura y Exteriores y de la Oficina Nacional de Seguridad Alimentaria para defender sus productos frente a campañas de boicot y críticas relacionadas con la seguridad alimentaria.
Bouneama rechaza que las exportaciones marroquíes incumplan los estándares sanitarios europeos y sostiene que sus productos cumplen las exigencias necesarias para entrar en el mercado comunitario.
Ali Bida también ha denunciado supuestos obstáculos a camiones marroquíes y presiones sobre cadenas comerciales españolas para que reduzcan la venta de determinados productos. Esas acusaciones han sido difundidas por medios marroquíes, aunque no se han aportado en esas informaciones resoluciones judiciales que acrediten la existencia de una campaña organizada de obstrucción comercial en España.
El Sáhara Occidental, en el centro del acuerdo
La disputa comercial está atravesada además por el conflicto jurídico sobre el Sáhara Occidental. En octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló la aplicación de los anteriores acuerdos comerciales al territorio al considerar que no se había obtenido el consentimiento del pueblo saharaui. Posteriormente, Bruselas y Rabat negociaron un nuevo acuerdo que comenzó a aplicarse provisionalmente en octubre de 2025. La Comisión sostiene que el nuevo marco cumple las exigencias fijadas por el tribunal.
El procedimiento de aprobación definitiva continúa abierto en el Parlamento Europeo y permanece todavía en fase preparatoria. La posibilidad de que la Eurocámara rechace el acuerdo preocupa al sector agrícola marroquí, que depende en gran medida del acceso preferencial al mercado comunitario.
Por su parte, numerosas organizaciones agrarias españolas presionan a los eurodiputados para que no respalden el texto actual, al considerar que no garantiza condiciones de competencia equivalentes entre productores europeos y marroquíes. La tensión comercial ha quedado así ligada a un contexto político mucho más amplio, marcado por las relaciones entre España y Marruecos, la situación de Ceuta y el futuro del Sáhara Occidental.
