El Pleno apoyó de forma mayoritaria una proposición de ley del PNV para dar inicio a la derogación de esta pena con 162 votos a favor, 129 en contra y 31 abstenciones.
La mayoría de los grupos se mostraron la pasada semana favorable a tramitar en el Congreso la derogación de la prisión permanente revisable, una figura incluida en el Código Penal hace apenas dos años y medio y que casi todo el arco parlamentario, a excepción del PP, quiere que desaparezca del ordenamiento jurídico.
El Pleno apoyó de forma mayoritaria una proposición de ley del PNV para dar inicio a la derogación de esta pena con 162 votos a favor, 129 en contra y 31 abstenciones.
A favor de eliminar esta medida se pronunciaron el PNV, el PSOE y Unidos Podemos, además de Compromís o Bildu. Los 17 diputados separatistas catalanes no participaron por la situación en Cataluña. Ciudadanos optó por la abstención.
Sólo el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Carlos Salvador, y el PP, por boca de Leopoldo Barrera, han dejado claro su apoyo a esta figura, prevista para los delitos más execrables, como asesinatos terroristas o violaciones.
«¿De verdad creen que los ciudadanos desean la reducción del tiempo de condena, que terroristas como los de Barcelona se merecen penas más benévolas?, ha preguntado Barrera. Asimismo, ha señalado que el actual código penal da una «respuesta proporcional y constitucional a los delitos de mayor gravedad», por lo que no cree necesario que haya que «aprender» del sistema penal de Venezuela, «aunque tenga muchos admiradores en esta Cámara».
En esta misma línea se ha expresado el diputado de UPN Carlos Salvador, que ha aprovechado su intervención para reprochar al PNV que no apoyasen «en el pasado» ninguna de las leyes que se aprobaron «para acabar con ETA».
Ha sido el diputado del PNV Mikel Legarda quien ha presentado en el Pleno la proposición de ley de su grupo para su toma en consideración, que ha salido adelante con los votos de la mayoría.
De «dudosa constitucionalidad» ha calificado Legarda la prisión permanente revisable, que choca, a su juicio, con la política criminal que formó parte de los consensos básicos de las Cortes constituyentes y de la Ley General Penitenciaria, una norma que concitó la unanimidad de los legisladores.
Para Legarda, la figura no satisface las necesidades de la sociedad, ni es idónea ni proporcional. Además, ha subrayado el parlamentario vasco, no fue reclamada por nadie.
«Su implantación se debe al populismo punitivo causado por el sensacionalismo de algunos medios de comunicación que azuzan a la sociedad en sus crecientes reclamaciones de castigo y que el PP acoge por ser acorde con su ideología penal preferentemente retributiva», ha dicho Legarda.
Y para abundar más en su rechazo, el diputado ha asegurado que la prisión permanente «erosiona los principios de reeducación y reinserción social del recluso, merma la seguridad jurídica y el principio de legalidad, es indeterminada y no es proporcional».
No ha compartido estas apreciaciones el diputado del PP Leopoldo Barreda, quien instó a los grupos a esperar la decisión del Tribunal Constitucional, ante el que se recurrió esa figura, antes de tramitar su derogación.
«Estas prisas y urgencias parecen indicar que no confían en que el TC les dé la razón», ha añadido Barreda, que ha considerado la propuesta de los nacionalistas como una «mera cabezonada política».
Porque, a su juicio, lo que en el fondo pretende la proposición es «reducir la penas de los crímenes más execrables, los que más alarma suscitan y para los que los ciudadanos quieren el mayor reproche penal».
«Si quieren reducir las condenas, díganlo a la cara», les ha espetado el diputado del PP antes de insistir en que la proposición es «diametralmente opuesta a las demandas de la sociedad«.
Desde la bancada socialista, Juan Carlos Campo ha pedido superar la «forma oscura de hacer política» que supuso la aprobación de esa figura penal con el apoyo único del PP y que ha creído innecesaria, hasta el punto de afirmar sin tapujos que «se venció a ETA sin necesidad de ella».
Campo no ha tenido reparos en señalar que con la prisión permanente se hace «un flaco favor a la libertad» porque, además, niega -a su juicio- la concepción resocializadora del sistema penitenciario.
Eduardo Santos, de Podemos, ha censurado al PP por ser «profundamente reaccionario» y haber dado «una patada hacia el año 1928», además de haber cambiado «el dolor por votos» al aprobar esa figura y de «aplicar el principio de venganza en lugar del de justicia, rompiendo con la tradición humanista del derecho penal».
También contra la prisión permanente ha arremetido la diputada de Ciudadanos Patricia Reyes, quien ha dicho que la llamaron así para que «sonara más amable», pero en realidad «estamos frente a la cadena perpetua», a la vez que ha abogado por tratar su reforma en la subcomisión para una estrategia nacional de justicia creada en el Congreso.
Por Bildu, la diputada Marian Beitialarrongoitia ha tachado la figura de «un paso más en la deriva antidemocrática del Estado», mientras que por Compromís, Enric Bataller ha entendido que significa para el recluso una «condena a pudrirse y no a resocializarse».
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