La batalla contra las Megaplantas Solares llevará al Ayuntamiento de Lopera (Jaén) y a la Junta de Andalucía a los tribunales tras la presentación de varios recursos contencioso-administrativos impulsados por SOS Rural, Asociación Ecología y Libertad y la Plataforma Campiña Norte. Estas organizaciones sostienen que diferentes proyectos fotovoltaicos han sido autorizados mediante una estrategia de fragmentación para situarlos por debajo del umbral de 50 megavatios y evitar así la supervisión directa del Ministerio para la Transición Ecológica.

Según denuncian los colectivos y ha adelantado El Debate, las iniciativas energéticas previstas en el término municipal loperano afectarían a miles de olivos y a zonas agrícolas consideradas especialmente fértiles. A su juicio, la expansión de estas instalaciones en suelos productivos amenaza tanto el equilibrio ambiental como la economía ligada al olivar tradicional, motivo por el que han decidido intensificar su ofensiva judicial.

Los procedimientos legales se registraron los días 16 y 28 de enero y van dirigidos, por un lado, contra una resolución de la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía que rechazó revisar de oficio diversas autorizaciones, y por otro, contra el Decreto 2025-572 firmado por la alcaldesa de Lopera, Carmen Torres. Este último dejó sin efecto la paralización temporal que pesaba sobre la concesión de licencias de obra vinculadas a los parques solares.

La alianza considera que las autorizaciones ambientales y sectoriales otorgadas por la administración autonómica carecen de validez jurídica. Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad, afirma que la división de los proyectos en varias plantas independientes tendría como finalidad evitar una evaluación ambiental conjunta que analice el impacto global sobre el ecosistema y el tejido agrícola del municipio.

Desde el ámbito municipal, el levantamiento de la suspensión de licencias ha sido especialmente criticado por los denunciantes, que califican la decisión de precipitada y arriesgada. Aseguran que permitir la tramitación inmediata de obras mientras existen dudas legales abiertas podría ocasionar daños irreversibles en el territorio antes de que se pronuncien los tribunales.

SOS Rural enmarca esta actuación dentro de una estrategia jurídica más amplia contra grandes desarrollos fotovoltaicos proyectados en terrenos de cultivo en distintos puntos del país. Su portavoz subraya que situaciones similares se repiten en comunidades como Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Andalucía o Castilla y León, donde —según sostiene— la implantación de infraestructuras energéticas estaría desplazando actividades agrarias tradicionales.

Las organizaciones promotoras de los recursos insisten en que no se oponen al avance de las energías renovables, pero reclaman que su despliegue se realice con planificación y respeto hacia el medio rural. «La transición energética es necesaria, pero no debe hacerse a costa de los suelos que nos alimentan ni al margen de la legalidad», señalan, defendiendo un modelo que combine desarrollo sostenible y protección del paisaje agrícola.