El ministro de Transportes Óscar Puente ha comprometido más de dos millones de euros a la producción de contenidos audiovisuales y pódcasts con los que promocionar la actividad de su departamento desde su llegada al cargo. La última licitación, publicada el 30 de noviembre, adjudica 1.174.858 euros a las campañas publicitarias de 2026 y 2027, una cifra superior en 225.000 euros a la destinada a las campañas de 2024 y 2025, que ascendió a 949.066 euros. Con ambos contratos, el gasto total alcanza los 2.123.924 euros, detalla El Confidencial.
La convocatoria se lanza a escasos días del inicio de la campaña electoral en Extremadura, una región donde el ferrocarril continúa lejos de los estándares prometidos. Aunque España estrenó su primera línea electrificada en 1912, Extremadura no contó con tramos electrificados hasta 2023. La alta velocidad tampoco ha llegado todavía y parte del recorrido se realiza en vía única, un factor que agrava cualquier incidencia técnica.
Todo ello ocurre pese a que el Gobierno ha destinado este año cerca de 4.000 millones de euros a la red ferroviaria. Los problemas, sin embargo, se repiten. Durante el verano, cientos de viajeros permanecieron atrapados hasta 14 horas en trenes entre Madrid y Andalucía en plena ola de calor. A ese episodio se suma el recuerdo de los más de 10.000 afectados por el presunto «sabotaje» en las vías de Toledo, que paralizó una treintena de convoyes.
En este contexto, el Ministerio justifica la inversión publicitaria con la necesidad de mantener una «acción de comunicación continua en el tiempo» para que los ciudadanos perciban el alcance de las políticas públicas en transporte, movilidad e infraestructuras. Los pliegos recogen dos grandes campañas de difusión con presencia en televisión, medios digitales, radio, prensa gráfica y cualquier otro soporte que se considere necesario para cumplir los objetivos marcados.
El contrato contempla la producción de diez piezas audiovisuales, con una duración máxima de dos minutos, destinadas a medios propios, presentaciones y eventos, además de ocho pódcasts centrados en materias relacionadas con el transporte y la movilidad dentro de las competencias del Ministerio. Según la documentación, la difusión constante de estos contenidos permitiría transmitir un mensaje de interés por atender las necesidades de los ciudadanos y por impulsar iniciativas en todos los ámbitos.
Entre los proyectos que el departamento de Puente desea potenciar destaca Conecta País, una iniciativa orientada a fomentar el transporte público. El Ministerio defiende que España ya no es el país de los años ochenta, marcado por el déficit de infraestructuras, y presenta el programa como un paso hacia una movilidad más sostenible. La propuesta toma como referencia experiencias de países como Alemania, donde este modelo cuenta con 17 millones de usuarios, y busca integrar títulos y redes de transporte con la implicación de administraciones autonómicas y locales.
Los propios informes de gestión de Renfe reflejan, sin embargo, un deterioro del servicio ferroviario. Los retrasos se han duplicado respecto a la etapa de Mariano Rajoy, al pasar del 6,5% de trenes que no salían a tiempo al 12,5% actual. La valoración de la puntualidad del AVE ha descendido de 8,7 puntos en 2017 a 6,8 en 2024. Las reclamaciones también muestran un incremento notable: de 173.057 a 383.592 en el mismo periodo.
La auditoría de Ábalos
Los pliegos de esta licitación llevan la firma de la directora general de Organización e Inspección Belén Villar, la funcionaria que encabezó, por orden del ministro Puente, la auditoría interna contra el exministro José Luis Ábalos tras el estallido del caso Koldo. Ese informe atribuyó a Ábalos un papel activo en la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión, contratos vinculados a una causa por la que el empresario se encuentra en prisión preventiva en Soto del Real.
La auditoría detalló que seis días después de la declaración del primer estado de alarma, Ábalos firmó dos órdenes consecutivas para la adquisición de mascarillas. En la primera autorizó la compra de cuatro millones de unidades y, 38 minutos después, aprobó una segunda orden que duplicaba la cifra hasta ocho millones, sin documentación que justificara ese aumento. El informe no recogió, en cambio, el enchufe de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, en la empresa pública Ineco, donde permaneció dos años cobrando sin acudir a su puesto.
Los abogados de Koldo García han solicitado al Tribunal Supremo la comparecencia como testigos de los funcionarios que elaboraron la auditoría, entre ellos Belén Villar, al considerar que el documento presenta un carácter «manipulado y sesgado». Mientras tanto, el Ministerio de Transportes mantiene su apuesta por reforzar el relato de su gestión a golpe de campaña publicitaria.
