El barrio de El Turó, en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), vive con creciente malestar la okupación de una caseta situada en el patio de la escuela pública Sant Jordi. La antigua vivienda del conserje, tapiada desde hace años y destinada a convertirse en la sede del Asociación de Familias de Alumnos (AFA) en el marco del proyecto de reforma del centro, fue tomada el pasado 4 de septiembre por una pareja joven y sus tres hijos –un bebé de 12 meses y dos niños de 5 y 7 años–, justo antes del inicio de las clases.

La situación ha generado un gran malestar entre las familias del centro y los vecinos del barrio, que reclaman al Ayuntamiento socialista, dirigido por Miguel Comino, una solución inmediata. No es el único inmueble tomado en la zona: solo unas casas más abajo permanece okupada otra vivienda, en este caso de titularidad privada, con un perfil mucho más conflictivo.

Los padres del colegio aseguran que el primer día de curso se encontraron con la sorpresa de que sus hijos tenían «compañeros inesperados en el patio». Durante semanas, la dirección se vio obligada a cerrar parte del recinto para mantener a los alumnos alejados de la caseta okupada. «Es inaceptable que estén ahí, aunque no sean conflictivos. No es normal lo que está pasando», denuncia Manuel, uno de los padres.

El Consistorio bloqueó la escalera de acceso desde el patio a la caseta, de manera que ahora la entrada solo es posible desde la calle. También comunicó la situación a la Dirección General de Atención a la Infancia (Dgaia), mientras asegura estar tramitando la recuperación de la posesión del inmueble.

Los vecinos, sin embargo, se muestran críticos: «Son jóvenes, deberían ponerse a trabajar como todo el mundo y no esperar que el Ayuntamiento les resuelva la vida», explica una comerciante del barrio. Desde la calle se observa incluso una piscina hinchable instalada en la caseta, que llenan con garrafas de agua.

El cabeza de familia, Jan, acusa al Ayuntamiento de falta de sensibilidad y denuncia que les cortaron el agua y la luz pese a tener tres menores a su cargo. Asegura que han pedido una vivienda de protección oficial, pero que la respuesta ha sido negativa. Ante la amenaza de desalojo, ya ha trasladado a su pareja y a los niños a la casa de su suegra.

La polémica se agrava porque la familia intentó matricular a sus hijos en el propio colegio Sant Jordi, aunque al hacerlo fuera de plazo fueron derivados a otro centro cercano, siguiendo el procedimiento habitual.

Padres y vecinos exigen una salida urgente a la situación, que consideran insostenible. Mientras tanto, Ayuntamiento y Generalitat reconocen el problema, pero admiten que la solución «no será inminente».