Lo que debía haber sido un verano de descanso en familia junto al mar se convirtió en una pesadilla interminable para Pilar, una profesora valenciana. Su adosado en la playa de La Goleta, en Tavernes de la Valldigna, fue okupado por una banda de magrebíes a comienzos de julio. Casi tres meses después, la Justicia empieza tímidamente a mover ficha, pero el tiempo perdido ya no volverá.
El caso comenzó con denuncias encadenadas: primero un robo, después daños en la vivienda, y finalmente la constatación de que la casa había sido okupada. Desde entonces, Pilar ha tenido que vivir la humillación de ver cómo su hogar era convertido en un fortín de okupas, escenario de fiestas continuas y de un trasiego constante de desconocidos, mientras ella y su familia se veían obligados a quedarse en Valencia. Los okupas llegaron incluso a enfrentarse con otra banda por el control del inmueble. Y como si fuera poco, entraron en otra vivienda cercana, cuya propietaria optó por pagar para que se marcharan, detalla El Debate.
A pesar de las denuncias presentadas ante la Policía Local y la Guardia Civil, el caso quedó «enquistado». Pilar, aconsejada por su abogado José Luis Ribera, no pudo acercarse a su propia casa. La alcaldesa del municipio se inhibió alegando falta de responsabilidad. Ahora, un auto judicial ha archivado las primeras denuncias por robo y daños, abriendo la vía para que el proceso se centre en la okupación. Según explica Ribera, el siguiente paso será notificar a los okupas y avanzar hacia el desahucio. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿cuánto tardará el juzgado en desalojar la vivienda? Nadie lo sabe, porque estos procesos se dilatan de manera injustificada entre la burocracia y la lentitud judicial.
Mientras tanto, la familia de Pilar ha perdido un verano que nunca recuperará. Lo que debía ser un refugio frente al mar se transformó en un símbolo del drama que sufren miles de españoles: sueños okupados, vidas condicionadas y una Justicia que llega tarde.
