La expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, hoy investigada en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal, adjudicó el 7 de febrero de 2020 un contrato vinculado al mantenimiento de sistemas de control de tráfico en líneas de alta velocidad por casi 69 millones de euros a una empresa que en ese momento ya estaba siendo investigada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por su presunta participación en un cártel dedicado a manipular concursos públicos.

Según la información publicada por El Debate, el contrato —valorado inicialmente en 68,7 millones de euros y con una duración prevista de cuatro años— recayó en Thales, en unión temporal con Sistemas y Montajes Industriales. A la licitación sólo se presentaron dos compañías: Thales y Siemens. Ambas acabarían siendo sancionadas por la CNMC por haber pactado durante años el reparto de contratos ferroviarios en distintos corredores de alta velocidad.

Lo relevante es que, cuando se formalizó la adjudicación, ADIF ya había recibido un requerimiento oficial de la CNMC en el marco del expediente abierto contra ambas compañías. El 26 de noviembre de 2018, Competencia solicitó al ente público información detallada sobre todos los concursos en los que habían participado Thales y Siemens. No se trataba de una advertencia informal, sino de una actuación administrativa dentro de un procedimiento sancionador en curso. En esa fecha, Pardo de Vera ya ocupaba la presidencia del organismo.

Pese a ese contexto, el procedimiento siguió su curso. Durante 2019 se preparó el contrato y el Consejo de Administración dio luz verde en junio de ese año. Paralelamente, técnicos de ADIF colaboraron con personal de Thales en la definición de determinados aspectos técnicos del contrato, una circunstancia que más tarde sería cuestionada por la CNMC por el riesgo de trato preferente.

El concurso avanzó y, cuando concluyó el plazo de presentación de ofertas en septiembre de 2019, sólo concurrieron las dos empresas que estaban bajo investigación. Un mes después se abrieron las ofertas económicas y se produjo un hecho determinante: Siemens presentó una propuesta que superaba el presupuesto base de licitación, lo que provocó su exclusión automática. De este modo, la adjudicación quedó despejada para Thales. La posterior resolución de Competencia describiría estrategias de este tipo como parte del esquema utilizado por las empresas para repartirse contratos sin competir realmente en precios.

La adjudicación definitiva se firmó el 7 de febrero de 2020. Para entonces, ADIF llevaba más de un año colaborando con la CNMC en la investigación sobre el presunto cártel. No consta que se emitiera advertencia pública alguna, ni informe interno contrario, ni que se suspendiera el procedimiento por la situación de las licitadoras.

La resolución sancionadora llegó el 29 de septiembre de 2021. La CNMC concluyó que Thales y Siemens encabezaron durante quince años un entramado destinado a alterar licitaciones públicas, afectando al menos a 82 concursos entre 2002 y 2017. Las multas impuestas superaron los 127 millones de euros y se propuso la prohibición de contratar con la Administración. Entre las pruebas figuraban correos electrónicos en los que directivos pactaban resultados, repartos territoriales y estrategias para evitar bajadas de precios.

Sin embargo, en junio de 2022 la Audiencia Nacional suspendió cautelarmente la ejecución de la sanción tras el recurso presentado por Thales. El tribunal consideró que el pago inmediato podía generar un perjuicio económico irreparable y sustituyó la multa por un aval bancario, paralizando también la prohibición de contratar. La decisión permitió que las compañías continuaran operando con normalidad en el ámbito público.

Meses después, en agosto de 2022 y ya bajo la presidencia de María Luisa Domínguez, el contrato adjudicado en 2020 fue ampliado mediante un modificado superior a 1,7 millones de euros, elevando su importe total por encima de los 70,5 millones. La ampliación se aprobó cuando la sanción de la CNMC ya había sido dictada, aunque permanecía suspendida judicialmente.

La adjudicación inicial, firmada bajo la dirección de Pardo de Vera, se produjo cuando el organismo conocía oficialmente que las dos únicas empresas concurrentes estaban siendo investigadas por prácticas colusorias. Esa circunstancia sitúa el procedimiento bajo una nueva luz en un momento en el que la expresidenta de ADIF se encuentra ya bajo investigación judicial.