El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría enfrentarse a un nuevo caso contra su Gobierno por ocultar cuántas veces ha usado el Falcon presidencial Begoña Gómez para desplazamientos personales o institucionales, según avanza El Debate. La Presidencia del Gobierno ha ignorado una resolución firme del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que el pasado 19 de septiembre obligó a Moncloa a proporcionar detalles sobre los viajes de Gómez en el avión oficial, incluyendo destinos y motivos de los desplazamientos.
Además, también se le exigió aclarar si el Estado ha financiado vuelos comerciales para la esposa del presidente. Al persistir en su negativa, Moncloa podría enfrentarse a acciones legales que forzarían la revelación de esta información.
Juristas sostienen que «Moncloa desobedece una orden firme para proteger a la mujer del presidente del Gobierno. No hay otra explicación para la negativa a informar si ha utilizado el Falcon en sus viajes de negocios o si se le han cubierto billetes en vuelos comerciales». De mantenerse esta postura, la Justicia podría intervenir para hacer cumplir la transparencia exigida.
Las actividades de Begoña Gómez continúan bajo el escrutinio público y judicial. El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, ha descubierto la existencia de siete cuentas bancarias a nombre de Gómez con un saldo total de 21.034,55 euros. Además, el empresario Víctor de Aldama, vinculado al caso Koldo, afirmó en una entrevista en COPE que «hay una denuncia en la Fiscalía con un listado de cuentas en el extranjero a nombre de la señora Gómez por más de seis millones de dólares». No obstante, esta denuncia fue archivada por la Fiscalía por falta de credibilidad.
Pese a que Moncloa asegura que Begoña Gómez no utiliza recursos públicos para fines privados, dispone de una asistente personal, Cristina Álvarez, quien fue contratada específicamente para asistirla tanto en tareas oficiales como privadas. Esta información fue confirmada por la propia Álvarez ante el juez Peinado, quien también aportó correos electrónicos que evidencian su implicación en la gestión de los másteres y la cátedra extraordinaria que dirige Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La asesora, cuyo salario público oscila entre 50.000 y 100.000 euros, también hace uso de los sistemas de comunicación de la Presidencia del Gobierno.
Las investigaciones también han revelado el papel de Moncloa en la creación de la cátedra que codirige Gómez, utilizando las instalaciones del Palacio para reuniones de trabajo. Empresas tecnológicas como Telefónica, Indra y Google aportaron fondos significativos para el desarrollo del software vinculado a la cátedra: Telefónica contribuyó con 50.000 euros en mano de obra, Indra destinó 128.442 euros y Google realizó una inversión de 110.000 euros.
