El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una nueva pieza separada dentro del caso Begoña Gómez para investigar si el empresario Juan Carlos Barrabés cometió delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea en una adjudicación de Red.es financiada con fondos comunitarios.
La nueva línea de investigación nace tras un escrito de la Fiscalía Europea, que trasladó al magistrado un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre presuntas irregularidades en un contrato de más de cuatro millones de euros adjudicado a una unión temporal de empresas formada por Innova Next, propiedad de Barrabés, y la consultora KPMG.
El expediente bajo sospecha corresponde al «Servicio de oficina Acelera Pyme-Servicio de apoyo y asesoramiento», publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 4 de junio de 2020. La adjudicación contó con financiación de fondos Feder y se suma al rastro de contratos públicos que han colocado al empresario aragonés en el centro del procedimiento abierto en torno a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La pieza, según la resolución del juez, no afecta a la instrucción ya concluida contra Begoña Gómez. Peinado ha pedido criterio a la Fiscalía de Madrid sobre esta nueva línea, que por ahora se dirige únicamente contra Barrabés. Fuentes cercanas a la esposa de Sánchez sostienen que ella no guarda relación con este contrato concreto.
El foco de la Fiscalía Europea está en el informe de valoración de la adjudicación. Según el decreto del pasado 8 de junio, el informe policial revela que «habría obviado deliberadamente» que la UTE formada por KPMG e Innova Next no incluyó un Libro Blanco exigido en los pliegos como requisito necesario para puntuar en uno de los criterios técnicos.
La relevancia de ese extremo es política y judicial: pese a la presunta falta de ese documento, la UTE obtuvo la máxima puntuación en el apartado correspondiente y resultó adjudicataria. La Fiscalía Europea aprecia indicios de que esa omisión pudo favorecer a un licitador concreto dentro de un expediente financiado con dinero comunitario.
El informe de la UCO también apunta a los borradores intercambiados por los evaluadores. En esos documentos internos, según la Fiscalía Europea, aparecían comentarios sobre la ausencia del Libro Blanco por parte de la UTE KPMG-Innova. Esa circunstancia, siempre de acuerdo con el decreto europeo, habría sido ocultada en los informes finales para que no fuese detectada por otros licitadores.
El organismo comunitario detectó estas presuntas irregularidades al revisar correos vinculados a otros procedimientos investigados. El punto común era el firmante de los informes de valoración, el directivo de Red.es Luis Prieto, ya investigado en las pesquisas relativas a las adjudicaciones a Barrabés.
La Fiscalía Europea calificó los hechos como indiciariamente constitutivos de infracción penal. A su juicio, la referencia encontrada refleja la omisión deliberada de datos que debían figurar en el informe de valoración con el fin de adjudicar el contrato a un licitador concreto, el mismo beneficiado en los hechos que ya formaban parte de sus pesquisas.
La apertura de esta nueva pieza llega después de que la Fiscalía Europea asumiera parcialmente las diligencias relativas a contratos adjudicados a Barrabés con fondos europeos. La defensa del empresario recurrió esa avocación y la Audiencia Nacional estimó la impugnación, al considerar que el expediente ya había sido tratado por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
El caso mantiene así dos planos diferenciados. Por un lado, la instrucción principal contra Begoña Gómez, ya concluida y pendiente de los siguientes pasos procesales tras la audiencia preliminar celebrada esta semana. Por otro, esta nueva pieza separada, centrada en Barrabés y en la posible manipulación de una adjudicación con fondos Feder.
El movimiento judicial vuelve a situar a Red.es en el centro del caso. La empresa pública aparece como el canal desde el que Barrabés obtuvo adjudicaciones millonarias mientras mantenía relación profesional con Begoña Gómez, cuyas cartas de recomendación a favor de sus UTE ya forman parte del núcleo político y judicial del procedimiento.
La pieza no amplía por ahora la investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, pero sí ensancha el perímetro del caso en torno a los contratos públicos, las valoraciones técnicas y el uso de fondos europeos. El juez deberá decidir ahora, tras oír a la Fiscalía, qué diligencias practica para determinar si las presuntas irregularidades descritas por la UCO tienen recorrido penal.
