La Intervención General de la Administración del Estado ha detectado deficiencias relevantes en la adjudicación de contratos públicos por parte de Red.es a empresas vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés, procesado junto a Begoña Gómez en la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado.
Según los informes analizados, el principal foco de riesgo se sitúa en el peso otorgado a los criterios técnicos frente al precio en las adjudicaciones. La IGAE advierte de una insuficiente justificación en las valoraciones subjetivas, lo que impide entender con claridad por qué unas ofertas fueron puntuadas por encima de otras.
Los expedientes revisados reflejan carencias en la motivación de las puntuaciones y una falta de desglose en los criterios aplicados. En muchos casos, las valoraciones aparecen de forma global, sin detallar los subcriterios utilizados, lo que dificulta la verificación externa y limita la capacidad de control posterior.
Este déficit afecta directamente a la trazabilidad del proceso. Los técnicos evaluaron las ofertas en base a memorias y propuestas que requieren interpretación, un modelo habitual en contratos tecnológicos, pero que exige una justificación reforzada que, según la IGAE, no siempre se cumple en estos procedimientos.
Cartas de recomendación fuera de los criterios oficiales
Uno de los elementos más controvertidos detectados es la inclusión de cartas de recomendación en los expedientes, entre ellas las firmadas por Begoña Gómez en favor de las empresas de Barrabés. Este tipo de documentación no forma parte de los criterios objetivos definidos en los pliegos, pero aparece en procedimientos donde la valoración técnica tiene un peso determinante.
La presencia de estas cartas, en un contexto de puntuaciones subjetivas y escasamente motivadas, introduce dudas sobre la objetividad del proceso y refuerza las advertencias de los órganos de control.
Advertencias coincidentes del Tribunal de Cuentas
Las conclusiones de la IGAE coinciden con las advertencias del Tribunal de Cuentas, que en distintos informes ha señalado debilidades estructurales en la contratación pública, especialmente en procedimientos vinculados a programas de digitalización gestionados por Red.es.
El órgano fiscalizador ha alertado de fallos en los mecanismos de control, deficiencias en la justificación de adjudicaciones y carencias en la documentación, insistiendo en la necesidad de reforzar la trazabilidad y la motivación de las decisiones para garantizar la igualdad entre licitadores.
Dificultades para auditar y mayor presión europea
La utilización de criterios cualitativos sin un desarrollo exhaustivo limita la capacidad de auditoría posterior. Cuando las decisiones se apoyan en informes técnicos poco detallados, la posibilidad de detectar desviaciones queda condicionada a la documentación disponible.
Este escenario cobra especial relevancia en un contexto de creciente exigencia sobre el uso de fondos públicos. Parte de los contratos adjudicados a Barrabés incluían financiación comunitaria, lo que ha llevado a la Fiscalía Europea a interesarse por su gestión.
Aunque las deficiencias detectadas no implican automáticamente la existencia de delito, sí elevan el nivel de escrutinio sobre los procedimientos y sitúan el foco en el sistema de adjudicación. Los informes apuntan a un problema de fondo: la debilidad en los mecanismos de control cuando la valoración técnica carece de una justificación suficiente.
