La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) confirma la personación como acusación particular en la causa de Tsunami Democràtic de dos agentes de Policía Nacional heridos en las protestas de Urquinaona. Estas se produjeron en la jornada de huelga del 18 de octubre de 2019 en Barcelona.
En un auto los magistrados de la Sección Tercera avalan la decisión del juez Manuel García Castellón de aceptar a sendos agentes como acusación. Además, rechazan los recursos de los investigados Marta Molina y Oriol Soler, a los que apoyó la Fiscalía, y que pedían desestimar petición.
Los recurrentes alegaban la falta de participación de Tsunami y de los investigados en la convocatoria de huelga y las manifestaciones del día 18 de octubre. También la ausencia de indicios de intervención o actuación delictiva en los hechos acaecidos ese día en la plaza de Urquinaona.
Los magistrados de la Sección Tercera explican que tanto la propia Sala Penal de la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo aceptan la competencia del caso. Por ello, consideran que resulta «evidente» que aquellos hechos forman parte del proceso y que los agentes se pueden personar en su condición de víctimas.
La representación de los agentes señala que el Tribunal Supremo que condenó a líderes independentistas de diferentes disturbios «protagonizados por sectores radicales violentos». Estos tuvieron como objetivo las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de la Vía Laietana. Apuntaba el mismo que esas dependencias las custodiaban efectivos de las UIP y recuerda que el 18 de octubre los dos agentes protegían esa comisaría.
Tras horas de «hostilidades», explicaba, llegó «un grupo de personas encapuchadas y embozadas» que usaron «técnicas de combate similares al terrorismo callejero». Fue en ese contexto cuando uno de los dos policías fue «alcanzado en su mano derecha por el impacto de una botella rota», y cayó al suelo.
El segundo de los agentes que pidió personarse también estaba en esa plaza y recibió «un fuerte impacto en su mano». Esto le provocó «fractura abierta en el radio de su brazo derecho con desplazamiento» y su jubilación a la edad de 45 años. Además de estos dos agentes, en la causa están otros dos de la propia Policía Nacional como acusación particular.
