Un inmigrante paraguayo de 56 años se enfrenta a una petición de tres años y seis meses de prisión acusado de agredir e intentar violar a una compañera de piso en Ibiza, unos hechos ocurridos en enero de 2023 que llegarán este lunes a la Audiencia Provincial de Baleares para la celebración de la vista previa del juicio.

Según publica Diario de Ibiza, el procesado, de nacionalidad paraguaya, aprovechó el estado de vulnerabilidad de la víctima, que había consumido bebidas alcohólicas y se encontraba dormida en su habitación de la vivienda que ambos compartían con otras personas en la ciudad de Ibiza.

El ministerio público sostiene que el acusado actuó con el objetivo de satisfacer su deseo sexual y que, aprovechando que la mujer tenía mermadas sus capacidades físicas y volitivas, le retiró la ropa de la parte inferior del cuerpo y se colocó sobre ella, presionando sus genitales contra la zona vaginal y el cuerpo desnudo de la víctima. No obstante, la acusación precisa que no consta que llegara a producirse la penetración.

La mujer despertó durante la agresión y pidió al acusado que cesara su conducta. Según relata la Fiscalía, le manifestó que no quería mantener relaciones sexuales con él. Lejos de detenerse, el hombre presuntamente la sujetó por el cuello y los brazos, obligándola a forcejear para poder zafarse.

Una vez logró escapar de la habitación, la víctima fue perseguida por distintas dependencias de la vivienda. El escrito recoge que el acusado la siguió por el salón y la cocina hasta que ella consiguió refugiarse en su cuarto y encerrarse. Desde allí contactó con sus familiares para pedir ayuda.

Como consecuencia de los hechos, la mujer sufrió diversas lesiones físicas, entre ellas erosiones y hematomas en las piernas, los dedos de los pies, las manos, la región cervical y la zona dorsal. Además, la acusación destaca el importante impacto emocional derivado del episodio, señalando que desde entonces padece un «grave temor y desasosiego».

Por estos hechos, la Fiscalía solicita una condena de tres años y medio de cárcel por un delito contra la libertad sexual, así como seis años de libertad vigilada una vez cumplida la pena. También reclama la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima o comunicarse con ella durante el mismo periodo.

Asimismo, el ministerio público interesa una indemnización de 15.000 euros por los daños causados.