VOX, que ejerce como acusación particular, manifiesta que en ningún caso facilitará la investidura de un golpista a la presidencia de la Generalitat de Cataluña.
El juez del Supremo Pablo Llarena no resolverá, casi con toda seguridad, sobre la libertad del candidato a la Generalitat Jordi Sánchez antes del lunes, cuando el Parlament ha convocado el pleno para elegirlo, porque ha dado cinco días al fiscal y a la acción popular para que le informen sobre el asunto.
El plazo fijado por el magistrado, que instruye el caso sobre el «procés» a la Declaración Unilateral de Independencia, en el marco del cual ha ordenado la prisión preventiva de Sánchez, terminará el mismo doce de marzo en el que está convocado el citado pleno, a partir de las 10:00 horas.
El número dos de JxCat, Jordi Sànchez, propuesto como candidato a la Presidencia de la Generalitat, pidió al Tribunal Supremo que lo deje libre o le permita acudir al Parlament el próximo lunes para su investidura, alegando que su voluntad y la de su grupo es respetar la «legislación vigente». Lo hizo el 6 de marzo y el juez ha respondido hoy. Aunque es cierto que la acusación popular ejercida por Vox y el fiscal podrían responder al juez antes del plazo fijado y eso podría hacer posible que hubiera resolución antes del día del pleno, tal probabilidad es remota, porque las dos acusaciones pueden agotar el plazo. En otras palabras, la resolución del juez marca unos tiempos procesales propios.
Por otra parte, el juez tiene también tiene sobre la mesa las peticiones de libertad del también líder independentista Jordi Cuixart, y del exconsejero de Interior Joaquim Forn. Sobre esas peticiones también ha preguntado el juez a las partes. En su escrito del pasado 6 de marzo la defensa de Sànchez solicita al juez que lo deje en libertad provisional o le permita «acudir personalmente al debate de investidura» para garantizar así sus derechos políticos y los de sus votantes.
VOX: ‘No facilitaremos la investidura’
Desde VOX, han manifestado que sus servicios jurídicos están estudiando la petición del investigado Jordi Sánchez en la que pide que se revoque la prisión.
En una nota, ha manifestado que «en ningún caso facilitará la investidura de un golpista a la presidencia de la Generalitat de Cataluña». Argumenta que no ha variado ninguna de las circunstancias que según la Ley de Enjuiciamiento Criminal motivaron su ingreso preventivo en prisión y que la hipótesis nada probable de una investidura de una persona investigada por delitos de tal gravedad supondría un enorme daño a las Instituciones Catalanas.
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