La Xunta de Galicia ya tiene encima de su mesa el anteproyecto de la Ley del Litoral, que se aprobará durante el 2023, con la que el Gobierno gallego aspira a obtener el pleno autogobierno de su costa, compatibilizando la conservación del medio ambiente con los usos económicos y sociales.
Paradójicamente, en el caso de Galicia, es el PP el que lucha por adquirir nuevas competencias estatales y el PSOE el que intenta frenar sus nuevas aspiraciones competenciales.
De hecho, en las últimas horas, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha señalado que la Ley del Litoral de Galicia es «casi una declaración de independencia, algo que ve «sorprendente», al venir de un partido como el PP.
Por su parte, desde el Gobierno gallego, la consejera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha defendido que la norma «no va contra nadie» y que «responde a la defensa de los intereses de la comunidad gallega».
En la norma, la Xunta cataloga más de 300 bienes en el litoral que se encuentran en estado de abandono, y lo justifica con el argumento de que, con la delegación de competencias, se podría evitar la ruina si se transforman en hoteles, centros sociales o museos.
De esta forma, el anteproyecto, aprobado por la Xunta con el objetivo de asumir por completo la gestión de la costa, contiene puntos que podrían rozar la inconstitucionalidad ya que la del litoral «es una competencia estatal, según la Constitución».
El legado de Feijoo
No es la primera vez que el Gobierno gallego del PP se enfrenta al Gobierno central por querer asumir competencias del Estado.
La adquisición de competencias para la gestión del litoral gallego ha sido, durante años, uno de los anhelos del Gobierno gallego, encabezado por el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que se ha esforzado, a través de normativas y decretos, en adquirir nuevas competencias, y que dio los primeros pasos para que se iniciase la redacción de la polémica ley en tramitación.
De hecho, el pasado mes de julio el Tribunal Constitucional falló en contra del recurso presentado en febrero por la Xunta de Galicia al artículo 20 de la Ley de Cambio Climático, aprobada por el Gobierno, que alude a la planificación y gestión de la costa, así como a la prórroga de concesiones en el litoral gallego.
En el momento de la presentación del recurso, Alberto Núñez Feijoo, había defendido la propuesta de inconstitucionalidad en base a la supuesta «discrecionalidad en favor de la Administración del Estado» ya que, según denunciaba, era «impropia de un Estado de derecho».
Pero el Tribunal Constitucional se pronunció en contra del recurso de la Xunta de Galicia y dejó al entonces presidente autonómico sin argumentos para asumir las nuevas competencias.
Con la aprobación del anteproyecto de Ley del Litoral de Galicia, se vislumbra un nuevo enfrentamiento entre Gobierno y Xunta, que podría acabar, una vez más, en el Tribunal Constitucional.
