Con elecciones autonómicas y municipales en mayo, y unas generales en el último trimestre, el 2023 es un año que marcará el futuro próximo de los españoles. El PSOE tratará de intensificar su ofensiva ideológica ante un PP que dice aspirar al «centro político» y mira de perfil para «no hacer ruido», y frente a VOX, formación que propone un cambio de rumbo.
El 28 de mayo habrá elecciones locales en más de 8.000 ayuntamientos, en 12 de las 17 comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Toman relevancia porque lo normal –en este siglo– es que las municipales y autonómicas precedan a las generales… y anticipen la tendencia de esos comicios. El 10 de diciembre es la fecha límite para la celebración de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, según un informe de los letrados de las Cortes Generales. Salvo que Pedro Sánchez adelante los comicios –un escenario que desde Podemos no se descarta–, las Cortes deberían disolverse el 16 de octubre. Tal y como recoge la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), las elecciones deben celebrarse 54 días después de que se publique el llamado a las urnas en el BOE, por lo que la fecha podría demorarse como máximo hasta dicho 10 de diciembre.
Freno económico
España ha arrancado el año 2023 liderando el desempleo en la eurozona (con una tasa del 12,4%, el doble que la media, según los datos que publicó la pasada semana Eurostat) y con la deuda pública real en los dos billones, una situación económica agravada por la pérdida de poder adquisitivo y la subida del precio de los alimentos, que está acabando con el ahorro de las familias. En este contexto, las estimaciones de distintos organismos coinciden en que la economía no recuperará el PIB que tenía antes de la pandemia al menos hasta 2024. Se espera, además, que la inflación siga siendo elevada y que en este primer semestre disminuya el consumo de las familias.
Solamente uno de cada cinco autónomos cree que su negocio crecerá en 2023 frente al 66,6% que responde que su negoció no mejorará. Y siete de cada diez autónomos destacan la tendencia económica negativa. Así, un 46,5% ve una tendencia negativa y el 25,3% una tendencia muy negativa, según el último barómetro publicado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).
Ofensiva ideológica del PSOE
En el plano político, el Gobierno conformado por PSOE y Podemos acelerará el rodillo ideológico. Así, está previsto que en pocas semanas entre en vigor la nueva ley del aborto. «Será pronto una realidad y todas las mujeres podrán interrumpir su embarazo en la (sanidad) pública, desde los 16 años y sin reflexión obligatoria de tres días», ha afirmado Irene Montero, ministra de Igualdad de un Gobierno que ya ha amenazado –sin descartar la aplicación del artículo 155– a Castilla y León por aprobar las medidas provida y de fomento de la natalidad de VOX como el protocolo que permita a los padres la escucha del latido fetal o el refuerzo de la atención psicológica a las madres embarazadas.
Respecto a la memoria histórica, se prevé que se resuelvan las exhumaciones de José Moscardó y de Jaime Milans del Bosch en el Alcázar de Toledo. La familia de José Antonio Primo de Rivera solicitó el pasado mes de octubre al abad del Valle de los Caídos y a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid exhumar sus restos ante la decisión del Gobierno de convertir este enclave –que cuenta con una de las cruces más grandes de la Cristiandad– en un cementerio civil para evitar «una exhibición pública» y «humillaciones» por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Seguirá manteniendo el sitio preeminente que le corresponde en la memoria de muchos españoles», agregó.
Cesiones al separatismo
Bildu pactó con Pedro Sánchez el traspaso de la competencia de Tráfico a Navarra, una cesión que se tiene que materializar en el primer trimestre de este 2023, y han reclamado –entre otras medidas– la salida del Ejército de Guipúzcoa. Además, La Moncloa negociará con ERC y PNV la nueva Ley de Industria, porque Pedro Sánchez quiere que esta norma salga adelante en la presente legislatura para lograr un sector «alineado con la digitalización, la sostenibilidad y la economía circular». Sobre las peticiones de referéndum del secesionismo catalán, todo apunta a que se esperará al próximo año –si revalidan el Gobierno– por el coste electoral que puede tener para el PSOE en el resto de España.
La Presidencia de turno de la UE
Desde el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre, España ostentará la presidencia rotatoria de la Unión Europea. La última vez que lo hizo fue en 2010 y la próxima será –previsiblemente– en 2035. Se celebrarán 22 reuniones ministeriales informales repartidas geográfica y temporalmente, y un Consejo Europeo informal en Granada –en principio–. El Gobierno las utilizará como escaparate para Pedro Sánchez –la presidencia de la UE coincidirá con la campaña de las generales– y para mostrarle con un «perfil de estadista».
El programa de trabajo estará vinculado a tres ejes: verde, social y digital. E incluirá el crecimiento económico sostenible o «la igualdad y la inclusividad». Servirá, por tanto, como altavoz de sus grandes líneas legislativas –impulsará los debates sobre la transición energética– y de su compromiso con los burócratas de Bruselas. «Para que a los españoles les vaya bien, a Europa le tiene que ir bien», afirmó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el pasado mes de septiembre.
