La activista peruana Laura Arroyo, periodista de Canal Red y coordinadora de Formación de Unidas Podemos, ha generado rechazo en ambos lados del Atlántico —tanto en su país de origen como en la España que la acogió—, por instar en un programa de televisión a tomar el Poder Judicial e intervenir los medios de comunicación críticos con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Y es que la aparición de Arroyo en RTVE, defensora del régimen del golpista Pedro Castillo —hoy bajo prisión preventiva mientras se le investiga por rebelión y conspiración— y su socia la excandidata presidencial Verónika Mendoza —vinculada al Grupo de Puebla y cercana a Pablo Iglesias—, ha sido más que polémica e irresponsable, por más que sus camaradas insistan en limpiarla en redes sociales con retuiteos y menciones desesperadas. Arroyo ha demostrado, en apenas una intervención, su vena intolerante y autoritaria, típica del chavismo que pretenden exportar desde Hispanoamérica a la península.
«Tiene que tocar el Poder Judicial [Pedro Sánchez] que lleva cinco años de bloqueo por ese grupo que, según el presidente, tiene una orquesta de acoso y derribo. En segundo lugar, hablar de la intervención directa de medios que no son medios, periodistas que no son periodistas, sino corruptos, para que dejen de ejercer de cloacas mediáticas, porque el lawfare no existe sin ellos», dijo sin sonrojarse y con la venia de los demás tertulianos.
Que Arroyo defienda a Sánchez no debería sorprender a nadie. Lo hizo de manera insistente con el expresidente peruano Castillo, sin importarle las serias acusaciones de corrupción que pesaban en su contra y de su círculo de asesores más cercano, y que ahora es materia de investigación en el Ministerio Público.
También ha calificado de «gobierno dictatorial y fascista» al Ejecutivo de Dina Boluarte, olvidando que la actual presidente del Perú llegó al poder en la misma plancha que Castillo —y le sucedió constitucionalmente en diciembre de 2022— y que siempre se definió como una «mujer de izquierda«.
Tampoco dudó en tildar de «fascista» a los partidos de derecha peruanos —y los de toda la Iberosfera— que veían con espanto como Pedro Castillo nombraba como primer ministro a Guido Bellido, investigado por apología al terrorismo, y como canciller a Héctor Béjar, un exguerrillero y admirador de la dictadura castrista que, a poco de asumir el cargo, restableció relaciones con la dictadura de Nicolás Maduro.
La arremetida contra VOX
Arroyo ha cargado también contra VOX en muchas oportunidades, como no podía ser de otra manera, asegurando que no es un partido democrático por más que haya sido votado por millones de españoles en las urnas cada vez que se ha presentado como una opción alternativa al bipartidismo.
«VOX, el partido de extrema derecha español, no es un partido democrático porque, perdonarán ustedes, pero que un partido sea elegido democráticamente no quiere decir que sea una formación demócrata. De hecho, entre el Fujimorismo y la extrema derecha española hay muchas similitudes, pero la principal de ellas es que nunca reconocen a los gobiernos electos por las urnas. VOX no pudo hablar de fraude en España porque no tenía el poder político para ello, pero desde el primer minuto de constituido el gobierno lo ha llamado ilegítimo», escribió en un portal peruano de izquierda radical.
No cabe duda que a la izquierda bolivariana le encanta llenarse la boca de palabras como «democracia», «tolerancia» y «convivencia», pero basta que la justicia y la prensa libre apunte a sus billeteras y chiringuitos financieros para que estallen en cólera y exijan el gulag como castigo para sus opositores.
A los españoles de bien no les queda otra más que demandar a sus autoridades que vean el caso de Arroyo con la seriedad que implica tener, metida en casa, a una chavista que no solo es ingrata con la Madre Patria, también una seria amenaza para la convivencia democrática.
