Arranca la cuesta de enero y con ella las subastas de deuda del Tesoro, imprescindibles para poder hacer frente al gasto público de un país, como España, que no es capaz de tener un superávit fiscal a pesar de registrar los mayores niveles de recaudación de la historia. Aunque el departamento dependiente de la vicepresidenta económica Nadia Calviño aún no ha publicado la estrategia de emisiones de 2023, espera colocar bonos, letras y obligaciones por un importe de 256.900 millones de euros, un 8,2% más que el pasado año.
El problema fundamental es que los rendimientos que habrá que pagar a los inversores seguirá creciendo como consecuencia de las subidas de tipos de interés en la eurozona y de las dudas sobre la capacidad de España para afrontar con garantías el escenario recesivo. Porque aunque se cumplieran las previsiones más optimistas de los analistas, lo cierto es que la deuda pública española es insostenible. El interés de la última colocación del Tesoro realizada este martes ha sido el más elevado desde 2012, año en el que España solicitó el rescate financiero.
Los datos no mienten. Los pasivos reales de las Administraciones Públicas (AAPP) españolas rondan los dos billones de euros, lo cual equivale a casi el 170% del Producto Interior Bruto (PIB). Esta cifra permanece oculta en las tablas y cuadros del Banco de España y es desconocida para la mayoría de los ciudadanos.
El dato que aparece en notas de prensa y comunicados oficiales es el de la deuda pública según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), que es la que usan las autoridades comunitarias para determinar el grado de cumplimiento de las reglas fiscales (congeladas hasta 2024). Estos pasivos se sitúan en los 1,5 billones de euros en el caso de España, descontando el dinero que se deben las AAPP entre sí. Este truco estadístico –legal– permite ocultar bajo la alfombra 500.000 millones de euros de deuda soberana.
500.000 millones bajo la alfombra
Más allá de metodologías estadísticas, lo relevante es que esos bonos, letras y obligaciones van a tener cada vez un coste mayor para las arcas públicas. El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado que irá reduciendo las compras en el mercado secundario, que son las que mantienen a raya a las primas de riesgo de los países del sur de Europa. En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 ya se refleja que el gasto en intereses se disparará un 7%, superando los 30.000 millones de euros.
Este aumento de la rentabilidad de los bonos españoles ha generado un renovado apetito de los inversores extranjeros. Fondos de inversión esperan sacar tajada durante este año para salir corriendo en cuanto vuelvan las dudas sobre la capacidad de España para cumplir las exigencias de Bruselas. Las nuevas reglas fiscales que verán la luz en 2024 serán menos exigentes que las actuales, pero el propio Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía, ha dejado claro que no se modificarán sustancialmente los límites.
La forma en la que se establezcan finalmente los nuevos criterios fiscales será determinante para saber si España e Italia podrán salir adelante por sus propios medios o, en cambio, se verán obligados a solicitar el rescate europeo. El BCE ha creado un nuevo salvavidas, denominado Instrumento de Protección de la Transmisión (ITP, por sus siglas en inglés), que mantendrá las compras de deuda pública de aquellos países que lo soliciten. A cambio, las Haciendas rescatadas deberán cumplir un plan de ajuste fiscal.
«Hombre de negro» en 2024
Fuentes comunitarias señalan a La Gaceta que lo relevante de este nuevo mecanismo es que obliga al país receptor a pedir expresamente el rescate y, sobre todo, sanear las cuentas públicas perdiendo la soberanía fiscal en favor de los «hombres de negro» del Consejo de Gobierno del BCE. Será entonces cuando vuelva a ponerse sobre la mesa la reducción del sueldo de los empleados públicos, nuevos recortes en las pensiones, venta de activos públicos y el resto de recetas que tradicionalmente se imponen a los países que piden ayuda financiera.
A los problemas de la deuda pública que deberá afrontar seguramente el próximo Ejecutivo –sea del color político que sea– se suma otra verdad incómoda: el aumento de la deuda de los hogares como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación y, sobre todo, del aumento de los costes de financiación, sobre todo los hipotecarios. El euribor medio ha cerrado diciembre por encima del 3% y los analistas apuntan a que seguirá subiendo hasta situarse en la horquilla del 3,5% al 4%.
Bomba hipotecaria
Esta evolución del índice al que se referencian las hipotecas variables ha multiplicado por ocho el pago mensual de intereses de las familias españolas, pasando de 57 euros a 470 en las más nuevas, que son las más afectadas. En España el sistema de amortización está configurado para pagar al principio de la vida del préstamo más intereses que capital. Este aumento de los intereses ha disparado las cuotas que pagan los hogares, superando los 250 euros para una hipoteca media (150.000 euros a 25 años).
De momento las entidades financieras está aprovechando los aumentos de tipos para elevar su margen de intermediación, pero es indudable que los problemas de morosidad terminarán por aparecer cuando muchas familias no sean capaces de hacer frente a sus deudas.
La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha publicado un informe en el que apunta a la banca británica y la española como las más expuestas al contexto recesivo europeo. «La ralentización económica, la subida de los tipos de interés, la elevada inflación y el aumento del desempleo provocarán un incremento de las tasas de impago de las hipotecas sobre inmuebles residenciales en la mayoría de los mercados y los beneficios de los bancos se verán sometidos a una mayor presión a medida que se ralentice la concesión de préstamos hipotecarios», un aviso a navegantes que muestra hasta qué punto el emperador está desnudo.
