Alternativa Sindical de Policía (ASP), ha pedido al presidente del Gobierno que recupere las competencias cedidas a las policías autonómicas y restituya las de la Policía Nacional en todo el territorio español.
Esta petición se produce, explica la ASP en un comunicado (puede leerlo íntegro más abajo) en el que denuncia los «ataques reiterados al Estado, convivencia y democracia» por parte de cuerpos autonómicos.
Tras recordar que en la actualidad las comunidades autónomas de Cataluña y País Vasco tienen transferidas competencias en materia de seguridad ciudadana, el sindicato de Policía recuerda que «la asunción de dichas competencias ha de entenderse con lealtad a la Constitución Española, al Ordenamiento Jurídico y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», algo que, según ASP; no ha ocurrido: «tanto unas como otras policías autónomas han puesto trabas a la cooperación y colaboración con Policía Nacional y Guardia Civil, todo ello en detrimento de la seguridad pública en general».
Señala el sindicato en su denuncia que «el gobierno español, sea de un signo político u otro» ha favorecido «la desigualdad de trato profesional y económico en todos los sectores competenciales, y en lo relativo a la seguridad ciudadana» y denuncia, además, la «animadversión de los Mossos de Escuadra con respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», que se manifiesta, a su juicio, «en hechos de tal gravedad como la no incorporación al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en la que están representadas el CNI y todas las policías del país, imposibilitando con ello el volcado de sus datos y que asuman que la coordinación del Centro depende en última instancia de la Secretaría de Estado de Seguridad dependiente del Ministerio del Interior».
Por estos motivos, el sindicato, «con el fin de garantizar el orden constitucional establecido por el pueblo español y ratificado por la Constitución Española de 1978», solicita al presidente del Gobierno «que se realicen cuantas actuaciones sean precisas para devolver al Estado Español la competencia en materia de seguridad ciudadana, asumiendo dichas funciones el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, con el consiguiente despliegue de sus miembros en las distintas capitales de provincia de las comunidades que tienen asumidas las competencias en materia de seguridad ciudadana».
COMUNICADO DE ASP
«Madrid. 29 de agosto de 2018.- El artículo 138 de la Constitución Española dispone que el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular, sin que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas puedan implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.
Por su parte, el artículo 97 dispone que es el Gobierno de la Nación quien dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, ejerciendo la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
El artículo 148, relativo a las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas, transferidas por el Estado, dispone que pueden asumir competencias relativas a la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones; así como establecer la coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica. Por su parte, el artículo 149 dice que es competencia exclusiva del Estado las relativas a materia de Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.
En la actualidad, las comunidades autónomas de Cataluña y País Vasco tienen transferidas competencias en materia de seguridad ciudadana, con la reserva de determinadas materias de competencia exclusiva del Estado Español, como expedición de documento nacional de identidad, pasaportes, etc….
Ahora bien, la asunción de dichas competencias ha de entenderse con lealtad a la Constitución Española, al Ordenamiento Jurídico y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; y lamentablemente hemos venido comprobando como tanto unas como otras policías autónomas han puesto trabas a la cooperación y colaboración con Policía Nacional y Guardia Civil, todo ello en detrimento de la seguridad pública en general, por aquello de llevarme yo los méritos y demostrar que soy más policía que tú; cuando viene ocurriendo todo lo contrario, ya que la profesionalidad y el buen que hacer de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad nunca tendrán parangón alguno con respecto a otras policías, sean estás locales o autonómicas; no en vano son instituciones altamente valoradas por el conjunto de la sociedad española; siendo solamente objeto de comentarios detractores por sociedades altamente adoctrinadas de determinados espacios territoriales del estado español.
Son numerosos los ejemplos que se pueden mencionar, pero de ellos están llenos las hemerotecas; si acaso destacar la deslealtad de los Mossos de Escuadra con la Policía Nacional y la Guardia Civil en los momentos del 1-0, pulso secesionista contra el Estado Español, y el comportamiento de los miembros del cuerpo policial autonómico, con una actitud pasiva, colaboradora con las instrucciones impartidas por mandos politizados, cumpliendo órdenes ilícitas, y obviando, como no, las impartidas por la autoridad judicial competente; confrontaciones físicas con miembros de la guardia civil cuando estaban realizando su labor por mandato de la autoridad judicial. En los atentados del 11-A, se ha demostrado con posterioridad a tan lamentable suceso, que han ocultado información relevante a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
Cabe destacar igualmente que el gobierno español, sea de un signo político u otro, es quien han favorecido la desigualdad de trato profesional y económico en todos los sectores competenciales, y en lo relativo a la seguridad ciudadana; comprobamos la desigualdad económica de policías nacionales y guardias civiles con respecto a Mossos de Escuadra y Ertzaintza, con mayores asignaciones económicas de sueldo, con mejor dotación material y con menos competencias profesionales; con todo ello incumple el mandato constitucional recogido en el punto 2 del articulo 138 de la Carta Magna al permitir la existencia de privilegios económicos y sociales de unos con respecto a los otros.
Hemos tenido conocimiento de la petición del Gobierno de la Generalidad de Cataluña para incrementar el número de miembros de Mossos de Escuadra y que se les dote de armas de guerra, para, dicen, combatir el terrorismo islamista. Esperemos que dichas peticiones no guarden otro objetivo que no sea el enfrentamiento armado contra policías nacionales y guardias civiles cuando procedan a elevar el pulso contra el Estado Español, declarando de forma unilateral la independencia, y que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en cumplimiento del mandato judicial lleven a cabo la labor de garantizar el orden público y la seguridad ciudadana, como así le exige la propia Constitución.
Recientes declaraciones del presidente de la Generalitat de Cataluña han elevado el tono de amenaza, al manifestar públicamente, en la conmemoración del aniversario del 11-A, que van a “atacar al Estado Español injusto y hacer realidad la república catalana”, dígase en el contexto en el que se diga; hechos que implicarían que el único ejercito del que dispone Cataluña hoy por hoy son los Mossos de Escuadra y que politizado como está, llevarán a cabo la agresión y ataque temido contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado; como antaño hicieron en el año 1934; y su posterior disolución tras la finalización de la contienda, tristemente llevada a cabo de unos españoles contra otros, generada por el odio inoculado en la sociedad; como ahora se puede apreciar por los hechos que día a día nos trasladan los distintos medios de comunicación.
La animadversión de los Mossos de Escuadra con respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se manifiesta en hechos de tal gravedad como la no incorporación al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en la que están representadas el CNI y todas las policías del país, imposibilitando con ello el volcado de sus datos y que asuman que la coordinación del Centro depende en última instancia de la Secretaría de Estado de Seguridad dependiente del Ministerio del Interior.
Esta negativa se hace más visible desde el momento en el que el Gobierno de Cataluña intensificó su apuesta por el proceso unilateral para la independencia. Todo ello pone de manifiesto la clara tendencia de convertir a los Mossos de Escuadra en un ejército de choque que pueda combatir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el momento que el Gobierno Catalán vuelva a declarar la independencia de forma unilateral, como ya pasó en el año 1934, con el Gobierno de la II República al frente del ejecutivo del Estado Español; con la diferencia de que aquel, supo actuar a tiempo y declaró la Guerra al recién proclamado Estado Catalán (en plena República).
La gravedad de las actuaciones de los políticos del Gobierno Catalán haciendo de los Mossos de Escuadra su ejército particular, no hace sino agravar una situación ya de por sí deteriorada, y que se vio plasmada en la actuación de muchos de sus integrantes en la fecha de la declaración unilateral de independencia del pasado mes de octubre de 2017.
En aras de lo anteriormente expuesto, y con el fin de garantizar el orden constitucional establecido por el pueblo español y ratificado por la Constitución Española de 1978; y apelando al texto constitucional, solicitamos al presidente del Gobierno que se realicen cuantas actuaciones sean precisas para devolver al Estado Español la competencia en materia de seguridad ciudadana, asumiendo dichas funciones el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, con el consiguiente despliegue de sus miembros en las distintas capitales de provincia de las comunidades que tienen asumidas las competencias en materia de seguridad ciudadana; y que con arreglo al mandato constitucional, las policías autonómicas limiten su labor a lo establecido en el articulado de la Carta Magna.
El presidente del Gobierno de España tiene la obligación de la defensa del estado constitucional, sin doblegarse a las exigencias de unos pocos, ya que mantenerse en el poder a cambio de unos votos, que pueden llevar a la sociedad española a la confrontación, es hacer un flaco favor al conjunto de la sociedad española a la que se debe, y no solo a un grupúsculo de ciudadanos, que en aras de su ansiada reivindicación de la independencia, sojuzgan a aquellos otros ciudadanos que, dentro de su propio territorio, no piensan como ellos; a quienes señalan, estigmatizan y criminalizan por no pensar como ellos».
