El caso de Canal 9, reconvertido tras su cierre en À Punt Tv, es, junto a la catalana TV3, una de las estructuras más delirantes y excesivas creadas en torno a los diferentes gobiernos autonómicos. La punta de lanza de la ineficacia pública, el derroche y la inviabilidad. Un caso especialmente sangrante tras todo lo acontecido. Los hechos son los siguientes:
En 1989, promovido por el gobierno del Partido Socialista «del País Valenciano» (PSPV), comenzaron las emisiones de Canal 9 desde la localidad de Burjassot. Lo hizo con un presupuesto de más de 40 millones de euros y una estructura de 800 trabajadores, 643 procedentes de «oposiciones», lo que en toda televisión pública significa en la práctica que sindicatos y políticos coloquen a dedo a la mayoría de ellos. Durante la alternancia entre los diferentes gobiernos del PSOE y PP, ambos partidos fueron colocando a sus satélites y soldados más acérrimos, y reforzando económicamente la corporación, de tal forma que en 1995, con la llegada del PP a la Generalidad, el presupuesto alcanzaba ya los 69 millones de euros.
Es con los populares en el gobierno cuando, a pesar de los pésimos datos de audiencia que registraba la cadena, la plantilla aumenta de manera imparable y el presupuesto se descontrola. El déficit era entonces de cinco millones. A pesar de todo, en 1997 se sigue engordando la corporación con la creación del segundo canal.
En 2008, justo antes de la crisis, el presupuesto toca techo con 268 millones de euros. Para reducir el déficit y cumplir con los diferentes planes de ajuste económico a los que son sometidas las comunidades, se aplica un plan de racionalización del sector público empresarial que necesariamente pasa por hacer ajustes en una corporación disparatada. El consejo de administración se ve en la obligación de aprobar un ERE en agosto de 2012 para 1.198 empleados, pero tras un año, la Justicia lo anula al considerar que vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores, ordenando su readmisión. Unas horas más tarde, el gobierno de la Generalidad Valenciana anuncia su cierre. El 27 de noviembre de 2013, Canal 9 deja de existir.
Antes de su cierre, el presupuesto de RTVV superaba los 154 millones de euros, la plantilla rozaba los 1.700 trabajadores, y la deuda era de más de 1.219 millones de euros. La audiencia no pasaba del 5%.
En contra de lo que se pensó entonces, el cierre de Canal 9 no supuso un coste electoral para el PP, pero, posteriormente, en las elecciones de 2015, se produce un cambio de gobierno liderado por PSOE y Compromís. El nuevo ejecutivo da comienzo a las iniciativas legislativas necesarias para la creación de un nuevo ente público de radio y televisión: À Punt TV. De este modo, en 2018, la actual cadena pública de televisión y radio empieza a emitir desde los mismos estudios de la extinta Canal 9, en Burjassot.
Con un presupuesto de más de 83,1 millones de euros para el ejercicio 2023, À PUNT se ha incorporado recientemente al conglomerado independentista Bon dia TV, una plataforma de contenidos creada por la televisión catalana TV3; un canal de espacios audiovisuales «de todos los territorios del ámbito lingüístico catalán».
Estamos, por tanto, ante una nueva corporación altamente ideologizada que se está utilizando para el fomento de la «unidad de lengua catalana como potenciación de los Países Catalanes». Fruto de todo este disparate, sus ridículas audiencias se sitúan en el entorno del 3%. ¿Cómo no volver a plantear el cierre de semejante desfalco?
