El colectivo de presos de ETA (EPPK) ha expresado su total disposición «a asumir su responsabilidad y reconocer a las víctimas el sufrimiento que han padecido», para lo que plantean «participar en un diálogo constructivo» con las víctimas de su terrorismo que permita una convivencia «sin reproches».
Así lo ha expresado el preso de ETA Juan Antonio Olarra Guridi, en nombre del EPPK, al coordinador del Foro Social para impulsar el »proceso de paz» en el País Vasco, Agus Hernan, en el transcurso de un encuentro celebrado el pasado 6 de enero en la prisión de Albolote (Granada).
El Foro ha dado a conocer, en un comunicado, el contenido de este encuentro, en el que Hernan informó a Olarra Guridi del trabajo llevado a cabo en torno a la cuestión de los presos de ETA.
Una de las conclusiones que el Foro estableció sobre los reclusos, que fueron dadas a conocer el 10 de marzo en Pamplona, hace alusión a la necesidad de reconocimiento del daño causado por los presos de ETA.
A este respecto, Olarra Guridi «trasladó al Foro Social la total disposición del EPPK de asumir su responsabilidad y reconocer a las víctimas el sufrimiento que han padecido».
También expreso su «disposición a participar para ello en un diálogo constructivo con las propias víctimas».
«Con este fin», explica el Foro, los presos «entienden necesario construir un marco adecuado que hasta ahora nunca ha existido» y que «debe perseguir construir una convivencia huyendo de dinámicas de reproches».
En este sentido, el EPPK ha valorado los «foros de convivencia locales» en los que víctimas de ETA están manteniendo encuentros con expresos, «logrando espacios de escucha mutua y de empatía con el dolor del otro».
Se reivindican como víctimas
Olarra Guridi explicó a Hernan, asimismo, que sus propios familiares son «víctimas» que sufren las consecuencias de la dispersión, por lo que «también merecen la reparación necesaria».
El exdirigente etarra, que cumple una condena de más de 1.000 años de cárcel, informó a Hernan de algunas iniciativas llevadas a cabo por los presos para intentar progresar en su situación penitenciaria, como solicitar destinos de trabajo en la cárceles, que mayoritariamente han sido concedidos.
Además, la mayoría de los reclusos ha solicitado pasar del primer al segundo grado penitenciario, aunque en este caso, la mayor parte de las demandas han sido rechazadas con el argumento de que se trata de miembros de «una organización terrorista no disuelta».
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