Puertos del Estado llegó a advertir por escrito a la Autoridad Portuaria de Ceuta de que cualquier actuación, omisión o retraso injustificado que dificultara la puesta a disposición de los terrenos para instalar el campamento de inmigrantes ilegales podía desembocar en la exigencia de responsabilidades. La advertencia se produjo en plena tramitación acelerada de una ubicación cuestionada por los propios servicios técnicos, jurídicos y de seguridad del Puerto.

El organismo dependiente del Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, no se limitó a trasladar la petición formulada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según la documentación del expediente difundida este martes por El Faro de Ceuta, Puertos del Estado apremió en dos ocasiones a la Autoridad Portuaria para que acelerara la tramitación. La segunda comunicación llegó apenas 24 horas después de la primera.

En ese segundo requerimiento se reclamaba al Puerto que adoptase las medidas necesarias para impulsar la tramitación «con la máxima diligencia» y que la cuestión se resolviera «en el mínimo tiempo». El último escrito elevaba aún más el tono y advertía de las consecuencias de una eventual demora.

Puertos del Estado señalaba que «cualquier actuación, omisión o retraso injustificado» que dificultase o impidiese la disponibilidad efectiva de los recursos para la autoridad competente podía resultar incompatible con los deberes de colaboración entre administraciones y «dar lugar, en su caso, a la exigencia de las responsabilidades que procedan«.

La presión administrativa se produjo mientras los distintos departamentos de la Autoridad Portuaria elaboraban informes contrarios a la instalación del campamento en la explanada del Muelle de Poniente. Los documentos analizados por los responsables de Explotación, Protección de Infraestructuras Críticas y Asesoría Jurídica alertaban de problemas de seguridad, incompatibilidad con la actividad portuaria y riesgos para instalaciones estratégicas.

El origen de la operación se encuentra en una petición de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, que solicitó la ocupación temporal de los terrenos hasta el 31 de diciembre alegando razones de «extraordinaria urgencia e interés público» tras la entrada masiva de finales de julio. El objetivo era instalar carpas y otros espacios destinados a descanso, enfermería, atención social y servicios sanitarios.

Puertos del Estado justificó después la necesidad de ceder los terrenos en el «especial deber de colaboración, coordinación y cooperación» entre administraciones durante la crisis y en la obligación de poner medios y recursos a disposición de la autoridad competente.

Alertas de sabotaje junto a 42.000 toneladas de combustible

Frente a la urgencia de Puertos del Estado, los informes internos advierten de consecuencias concretas.

El jefe de la División de Explotación señaló que en el entorno elegido para levantar el campamento operan instalaciones vinculadas a Dúcar y Endesa y que allí se almacenan hasta 42.000 toneladas de combustible, además de existir conducciones que conectan los depósitos con los atraques. El técnico alertó de que ocupar las parcelas incrementaría de forma considerable el riesgo de sabotajes y podría afectar al abastecimiento de la central eléctrica que suministra a toda Ceuta.

El informe de Protección de Infraestructuras Críticas iba en la misma dirección. Su responsable describía una situación de inseguridad previa en las zonas restringidas del Puerto, con intentos constantes de acceso no autorizado por tierra y mar, reyertas e intentos de acceder a buques y embarcaciones.

Ese mismo documento identificaba entre las amenazas evaluadas los posibles atentados y sabotajes contra instalaciones, conducciones y depósitos de combustible. Los tanques de Dúcar II, con capacidad máxima para 42.000 toneladas, se encuentran colindantes con las parcelas seleccionadas para el campamento.

Los datos de incidentes reforzaban esas advertencias. Las incidencias generales registradas desde la invasión pasaron de 35 en julio a más de 1.203 en agosto. El departamento de Protección de Infraestructuras Críticas contabilizó once incidencias en julio y 560 en agosto, a las que se añadieron otras 603 documentadas en el Muelle Cañonero Dato. Pese a ello, la tramitación continuó.

Cuatro informes contrarios

La Autoridad Portuaria terminó llevando al Consejo de Administración cuatro informes técnicos: el del jefe de División de Explotación, el del responsable de Protección de Infraestructuras Críticas, un informe jurídico y el del director del Puerto. Los cuatro recomendaron no albergar allí el campamento por el riesgo para infraestructuras críticas y por su incompatibilidad con la normal explotación portuaria.

La Asesoría Jurídica fue incluso más contundente y concluyó que la petición ministerial «no es conforme a derecho» por motivos de ilegalidad y por incompatibilidad material de usos. También advirtió de riesgos para la seguridad industrial y para el suministro general.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria rechazó finalmente el viernes 5 de septiembre la cesión de los terrenos solicitada por Migraciones. La negativa se fundamentó en la incompatibilidad del campamento con la normal explotación del Puerto.

Un día después, el ministro de Transportes firmó una orden al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante para tomar el control de los 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario y autorizar la instalación del dispositivo.

El propio informe emitido por Puertos del Estado reconocía que la ocupación temporal podía «incrementar determinados riesgos asociados a la protección de infraestructuras críticas, instalaciones sensibles y a la operativa portuaria». Aun así, Transportes siguió adelante con la ubicación.

La secuencia deja así una contradicción especialmente relevante: mientras los técnicos del Puerto advertían de sabotajes, problemas para instalaciones estratégicas y riesgos sobre depósitos de combustible, Puertos del Estado exigía acelerar la tramitación y advertía por escrito de posibles responsabilidades si una actuación, omisión o retraso impedía la disponibilidad de los terrenos.