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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Puigdemont, entre las presiones de la CUP y el cambio de discurso convergente

Dirigentes separatistas, que antes pedían «no frenar el procés», no dimiten tras llamar ahora al ‘diálogo’.


La CUP, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y un sector del PDeCAT están presionando al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que responda de forma «nítidamente afirmativa» al requerimiento del Gobierno sobre si ha declarado la independencia, y que levante la suspensión de la misma y proclame la república.
ERC, en cambio, ha avalado la forma de actuar de Puigdemont y su Gobierno entre llamamientos de su líder, Oriol Junqueras, que no se ha pronunciado sobre cuándo cree que debería ser aprobada por parte del Parlamento catalán la declaración de independencia, a «la unidad» y a la «confianza».
Pese a que públicamente el separatismo da sensación de confianza, son varios los dirigentes separatistas que con el curso de los acontecimientos han cambiado su discurso. Repetían hasta la saciedad que a partir del día 1 de octubre serían independientes y ahora se suman a la «suspensión unas semanas de la proclamación de la independencia». El propio presidente Puigdemont, que apela al «plazo para el diálogo», señaló tras el 1-O que ya se sentía «presidente de un país libre».
El consejero de Empresa, Santi Vila (PDeCAT), abogó antes de lo que se conoce como ‘pleno del gatillazo separatista’ por abrir un tiempo sin «nuevas decisiones unilaterales»  y parar la declaración de independencia que supondría, dijo, «la suspensión del autogobierno» y «conflictos» en la calle; el portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, ha pasado de asegurar que «no queremos frenar» a defender que «abogan por sentarse a dialogar»; y el diputado de Junts pel Sí, Lluís Llach, que aseguraba que «no se daría un paso atrás» una vez celebrado el referéndum ilegal -«a partir de ahí, lo que puedo asegurar es que no hay ninguna intención de ir atrás», declaró-, ha llamado en redes sociales a la «calma, serenidad y paciencia». Pero no son los únicos.


Mención especial merece Gabriel Rufián. El polémico diputado de ERC, que ya prometió en una entrevista en diciembre de 2015 que en 18 meses «dejaría» su escaño para «regresar a la República Catalana» -«el día que logremos la desconexión nos iremos de forma inmediata», dijo-, y señaló que su formación se iría del Congreso el 2-O si ganaba el sí, publicó un enigmático mensaje el pasado 1 de octubre.


Del «Ad1Os», jugando con la fecha del referéndum ilegal, a aplaudir la suspensión y la llamada al diálogo de Puigdemont, y hacer acto de presencia en el Congreso el pasado día 11 en el pleno para analizar la situación política en Cataluña. El esperpento.

PDeCat pide unidad

Entre tanto y ante las presiones, los máximos responsables del PDeCAT, Marta Pascal y David Bonvehí, han enviado una carta a la militancia en la que apuestan para que no haya «ni una fisura» en el partido en este momento y piden que estén al lado del presidente Puigdemont, a quien «ahora no podemos fallar».
La carta indica que «algunos quieren aprovechar las mentiras de siempre para debilitar nuestro espacio político y para hacer creer a todo el mundo que ahora que es la hora de la verdad tenemos dudas». Respecto a las críticas de que el PDeCAT maniobró para suspender el pasado martes la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), Pascal y Bonvehí señalan que el president «atendió las peticiones que le venían de Europa y apostó por el diálogo sin moverse ni un centímetro de su compromiso de hacer de Cataluña un estado independiente».

El Gobierno de España espera

El Gobierno que preside Mariano Rajoy espera a que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, responda al requerimiento -cuyo plazo termina este lunes a las 10:00- sobre si declaró o no la independencia de Cataluña para aplicar -o no- el artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía de Cataluña.
Si se aplicara, fuentes del Ejecutivo señalan que quieren que la situación dure el menor tiempo posible y con el menor coste social. El nuevo escenario llevaría a unos comicios autonómicos que sirviesen, dicen, para restaurar el orden constitucional.
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