El Ejecutivo ya tiene razones suficientes para aplicarlo dado que Carles Puigdemont se ha inventado las reglas del juego y el reglamento de la Cámara Autonómica, y ha burlado la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
El Gobierno espera que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, responda al requerimiento -cuyo plazo termina el próximo lunes a las 10:00- sobre si declaró o no la independencia de Cataluña para aplicar -o no- el artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía de Cataluña.
El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, presidió este viernes una reunión del Consejo de Ministros en la que se instó al presidente de la Generalitat a que responda de forma clara y se le advirtió de que su actuación puede llevar a Cataluña «a la recesión». En relación al requerimiento, recalcó que se trata de «una pregunta sencilla para acabar con un problema complejo» -si la respuesta es ambigua el Ejecutivo lo aplicará-.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayó que Puigdemont aún tiene la oportunidad de recuperar la normalidad institucional, poner fin a la inestabilidad, y evitar que se aplique el 155 si asegura que no ha declarado la independencia de Cataluña, es decir, la vuelta a la legalidad del que ha cometido un delito con sólo negarlo. Un sinsentido.
Lo cierto, es que el Ejecutivo ya tiene razones suficientes para aplicarlo dado que Carles Puigdemont se ha inventado las reglas del juego y el reglamento de la Cámara Autonómica, y ha burlado la Constitución y el Estatuto de Autonomía pretendiendo acabar con la soberanía nacional e imponiendo que lo que sea España lo decidan sólo los catalanes.
Las acciones de la Generalitat «atentan gravemente al interés general de España» -requisito para la aplicación del 155-. De hecho, Sáenz de Santamaría ya ha reconocido que si no hay una «pronta solución» a la situación en Cataluña el Gobierno bajará la previsión de crecimiento económico para 2018, que actualmente está en el 2,6 %.
«Está perjudicando a la economía catalana. Hemos visto todos la salida de las empresas, se está perjudicando la marca Cataluña, la inversión empieza a retraerse…», señaló la vicepresidenta.
Los empresarios están alertando de que la incertidumbre ante una eventual declaración unilateral de independencia está limando el poder económico de Cataluña y dañando su tejido empresarial, constituido básicamente por pymes, hasta un punto de no retorno a medio plazo. Los traslados de sedes sociales fuera de Cataluña de entidades como CaixaBank y Banco Sabadell y de empresas destacadas de diferentes sectores de actividad, han provocado inquietud por su valor simbólico y por el efecto arrastre que se está haciendo visible. «Aquellos que tenían previsto invertir en España ahora se lo están pensado y algunos están ya apostando por otros países porque las inversiones demandan seguridad jurídica y tranquilidad y aquí no la encuentran. Esto está pasando», ha asegurado el abogado y economista Jacint Soler Padró.
En las últimas semanas, Ciudadanos ha instado a aplicar el 155 con el único objetivo de convocar elecciones. Este hecho ha sido rechazado por el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, que ha señalado que también se deben promover cambios en ámbitos como «los Mossos y la Enseñanza». En declaraciones a los medios este viernes, dijo que es partidario de que algunas competencias de la Generalitat se «coordinen o tutelen» desde el Estado porque «hasta que no se haga eso no podrán celebrarse unas elecciones autonómicas con normalidad. «Los que están planteando la aplicación del 155 para, deprisa y corriendo, convocar elecciones, se equivocan», aseveró.
Para él, el proceso secesionista ha demostrado que la Generalitat lleva décadas actuado con deslealtad y ha aprovechado la confianza del Gobierno central para construir «un caldo de cultivo gestado en la educación» y llevar a cabo el golpe de Estado.
‘Es necesaria la detención de los golpistas’
«El 155 y la detención de los golpistas es una necesidad, el Gobierno se ha convertido en una inmóvil estatua de sal». Estas son las palabras de Santiago Abascal, líder de VOX, que lleva tiempo exigiendo la aplicación de la Ley en Cataluña. «Es urgente devolver a Cataluña la normalidad democrática y no esperar a la respuesta al requerimiento. Exigimos al Gobierno aplique la Constitución y haga cumplir el Código Penal».
Cree VOX, que presentó una querella contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por “dejación de sus funciones”, “desobediencia”, “denegación de auxilio judicial” y “omisión del deber de impedir y perseguir delitos”, que la incompetencia y frivolidad de los representantes políticos están liquidando el imperio de la ley, el Estado de Derecho, y poniendo en grave peligro la soberanía nacional. La formación exige, por tanto, la inmediata detención de los golpistas y de su cómplices, la suspensión de la autonomía de Cataluña y la persecución efectiva y real de todos los delitos que hasta ahora se han cometido impunemente.
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