Se multiplican los testimonios de alumnos que han perdido el miedo al separatismo y empiezan a contar la persecución que sufren por no compartir el delirio de Puigdemont y Junqueras.
El Ministerio Educación ha enviado a la Consejería de Enseñanza catalana dos requerimientos formales sobre presuntos delitos y violación de la ley por «adoctrinamiento ideológico» ante las denuncias presentadas por particulares y «si no recibe la respuesta adecuada irá a los tribunales».
En los últimos días, se han multiplicado los testimonios de alumnos que han perdido el miedo al separatismo y empiezan a contar la persecución que sufren por no compartir el delirio de Puigdemont y Junqueras y querer seguir formando de este proyecto común.
Se ha hecho viral en la red un vídeo de Espejo Público de Antena 3 en el que dos chicas cuentan el acoso que sufren por sentirse españolas y señalan que están pensando marcharse porque hay momentos en los que lo pasan realmente mal. Denuncian listas de alumnos no independentistas y dicen que «el día a día en la universidad es incómodo». «Te boicotean en las clases, te gritan española…«, señalan antes de reconocer que a veces «no les apetece ir». «Se han hecho quejas a la rectora, pero aún así la Universidad no se ha puesto en ningún momento a nuestro nuestro, sino lo contrario. Permiten que hagan sus actos, repartan panfletos con información falsa sobre nosotros…».
«Algunos de nuestros compañeros han tenido que aguantar que se les escupa, se les abuchee cuando levantan la mano… Esto es violencia y muy grave», señalan.
El nacionalismo es esto; sin más. pic.twitter.com/dXB2ueJoIL
— José Luis Tivi (@eltivipata) 13 de octubre de 2017
Cabe señalar que los consejos de estudiantes mostraron su apoyo a la Generalitat y al mal llamado «derecho a decidir», y algunos profesores incluso suspendieron las clases pidiendo a los alumnos sumarse a las movilizaciones «en defensa de las instituciones catalanas» y por la secesión antes del 1-O.
En los colegios también ocurre la persecución. Según cuenta Dolça Cataluña, los niños de 10 años del colegio Monserrat de Barcelona fueron señalados por una profesora que pidió que se levantaran aquellos cuyos padres no habían ido a votar en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y dijo «votar es lo mejor del mundo». Posteriormente, hizo lo mismo con la manifestación por la unidad de España del pasado 8 de octubre. La profesora dijo «votar es lo mejor del mundo». Narran además los dolços que no es un hecho aislado, pues el colegio obligó a sus alumnos a realizar un minuto de silencio por los «900 heridos por la policía el 1 de octubre».
En la semana previa al 1-O, los institutos de Olot (Gerona) ya enviaron una circular a los padres para que dieran su permiso para que sus hijos acudieran a una manifestación ante el Ayuntamiento para «defender la democracia y la libertad». No fueron únicos. El instituto Lluis Peguera fue más allá y llevó de excursión a sus alumnos delante de la comisaría de Manresa.
Desde los centros educativos se alertó a las familias de que «se estaban pisando los derechos de los catalanes» y de que «no se trataba de un tema de independencia sino de democracia», el argumento utilizado por las fuerzas separatistas para forzar la consulta ilegal. «Se pide que se respeten los derechos humanos y que se pudiera votar».
Un agente de la Guardia Civil denunció que su hijo de 12 años llegó el pasado jueves llorando a casa porque la profesora les dijo que «no se permitía votar, que no había democracia y que los guardias civiles lo impedían». «Me dijo que harían una plantada en el colegio para pedir la secesión», añadió.
El PP, que trasfirió la competencia de educación no universitaria a las comunidades autónomas en 1996, se lamenta ahora y censura este «adoctrinamiento» a los estudiantes. El ministerio de Educación reconoció el pasado mes de mayo no poder actuar de oficio frente al proceso de ingeniería social separatista vigente desde hace décadas en Cataluña después de un informe del sindicato de profesores AMES -sobre manuales de Ciencias Sociales de 5º y 6º de Primaria- en el que concluía que los textos que manejan los alumnos incurren en “planteamientos ideológicos partidistas” y “tendenciosos”.
El Ejecutivo señaló entonces que “tiene limitado su margen de maniobra” dado que la competencia está en los profesores, que eligen los libros, y en las Comunidades Autónomas, que «permiten esa libertad».
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