'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Puigdemont, sobre la promesa de culminar la secesión en 18 meses: 'Nunca lo aseguramos'

El actual diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguró que «en 18 meses» dejaría su escaño para regresar a la República Catalana».


El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha renegado de la hoja de ruta separatista y ha manifestado que él «nunca aseguró que se alcanzaría la secesión de Cataluña en 18 meses».
La hemeroteca desmiente al president. «Dijimos 18 meses con conocimiento de causa, era el período necesario para ponerlo todo en marcha», dijo el propio Puigdemont en septiembre de 2016.
 
Además, el actual diputado de ERC, Gabriel Rufián, aseguró, tras las elecciones: «En 18 meses dejaré mi escaño para regresar a la República Catalana» y el vicepresidente, Oriol Junqueras, señaló que su «compromiso era intentarlo».


El camino del separatismo desde el 28 de septiembre de 2015 -el día después de las elecciones autonómicas- hasta la secesión real estaba estimado en año y medio, aunque las exigencias de ERC pretendían reducirlo hasta los 6-8 meses -algunos hablaron incluso de una declaración oficial en el día de Sant Jordi, el 23 de abril de 2016-. El plazo expiró el pasado mes de marzo.
Tras la declaración de Puigdemont negando el plazo de 18 meses, PP y Ciudadanos le han acusado de «engañar a los catalanes con falsas promesas», entre las que incluyen el referéndum ilegal del 1 de octubre, una consulta que «no se producirá».
Puigdemont ha manifestado que hará «una reestructuración de funciones en el Govern» para «concentrar» en un solo consejero la organización de dicha consulta ilegal y para que el que el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y el consejero Raül Romeva se encarguen de la compra de las urnas. Ambos pedirán formalmente en la reunión del Govern del próximo martes que se autorice a sus departamentos la compra.
El Gobierno ya ha asegurado que la empresa que acepte la venta no podrá cobrarlas y puede enfrentarse también a responsabilidades penales. En este sentido, el Ejecutivo ha señalado que las partidas de los presupuestos de la Generalitat para este propósito están suspendidas por el Tribunal Constitucional.

Dudas en consejeros y cargos de PdeCAT

Por otra parte, Puigdemont se ha reunido este jueves con diversos consejeros por el malestar interno por el grado de implicación de cada uno de sus miembros en la consulta.
Fuentes de ERC -que forma parte de la coalición Junts pel Sí- han descartado que Junqueras haya exigido la sustitución de determinados consejeros con «dudas» o que teman por su patrimonio, aunque han indicado que «corresponde al PDeCAT reflexionar sobre qué consejeros debe tener dentro del Govern en esta última etapa hasta la llegada del referéndum».
En las últimas semanas son varios los cargos que han mostrado sus dudas con el referéndum. La alcaldesa de Sant Cugat, Mercè Conesa, señaló que lo que se quiere hacer con el proceso separatista es “muy difícil” y que se podrían llegar a encontrar en un callejón sin salida ya que “no saben en este momento adónde llegarán”.
Pese a asegurar que el 1-O se podrá votar “con normalidad” en su ciudad, pidió que el presidente y el vicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente, “tomen las decisiones más oportunas”. Asimismo, mostró sus dudas y declaró que nadie tiene certezas al respecto: “Quien tenga la certeza absoluta de donde llegaremos, pues escuche … la aplaudiré. Pero no sabemos dónde llegaremos”, insistió.
Conesa se sumó así al exconsejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, que manifestó en público sus dudas sobre la celebración de un referéndum ilegal del 1 de octubre. “El Estado tiene tanta fuerza que probablemente no podrán hacer el referéndum, sino alguna cosa diferente que se puede parecer al 9N”, dijo, antes de admitir que temía por su patrimonio ante posibles acciones judiciales. “Podría aguantar tener que ir a prisión, pero no si van contra el patrimonio, ya que afectaría a mi familia”, sentenció.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, destituyó al consejero después de que la CUP pidiera su cese y asegurara que “debía apartarse, sin más excusas ni dilaciones”.
 
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