El prófugo Carles Puigdemont y el eurodiputado de Junts Toni Comín han denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al instructor de la causa del golpe separatista, el magistrado Pablo Llarena, por el «retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución» de los recursos a la aplicación de la Ley de Amnistía.

En su escrito, el abogado Gonzalo Boye pide al órgano de gobierno de los jueces que investigue ese retraso al considerar que el juez del Tribunal Supremo ha incurrido en una infracción disciplinaria de la Ley Orgánica del Poder Judicial al haberse «excedido con creces el plazo previsto» en el ordenamiento para resolver los recursos.

«No cabe duda alguna de que el magistrado ha tenido un conocimiento singularizado de las particulares circunstancias del asunto, habiéndosele dado cuenta específica de su retraso hasta dos veces, a pesar de lo cual ha continuado sin despacharlo», ha dicho.