«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Recogida de firmas de 'Hablamos español' por la libre elección lingüística

La Mesa del Congreso de los Diputados ha notificado a la Asociación “Hablamos Español” el acuerdo por el cual se admite su Proposición de ley de Libertad de Elección Lingüística, que será tramitada como Iniciativa Legislativa Popular.

Ahora que la ILP se ha publicado en el Boletín, conforme a la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, que regula la Iniciativa Legislativa Popular, la comisión promotora está editando los pliegos para la recogida de firmas bajo la supervisión de la Junta Electoral Central, que también tendrá que dar su visto bueno al espacio que se habilitará para la recogida con firma electrónica.
Próximamente se anunciará el comienzo de la recogida de las 500.000 firmas certificadas, necesarias para que la ley sea debatida y, en su caso, aprobada en el Congreso. La asociación “Hablamos Español” dispone para ello de un plazo de nueve meses.
Esta será la primera vez que se plantea en España la aprobación de una ley que aborda los derechos lingüísticos de forma homologable a los de las legislaciones de los países con varias lenguas oficiales. Los promotores de la ILP esperan lograr la aprobación de esta ley; en este momento existe una especial sensibilización hacia el problema de la imposición de lengua y el adoctrinamiento en la enseñanza, después de que la sociedad española haya podido comprobar a dónde conducen las políticas de entrega de la educación a los nacionalistas.
De aprobarse esta ley, todos los niños de España podrán estudiar en español, si así lo desean, y los hispanohablantes de todas las comunidades autónomas de España tendrán los mismos derechos lingüísticos. Se garantizará así que ningún hispanohablante vea restringida la libre circulación por el territorio de su país por razón de lengua, porque podrá escolarizar a sus hijos en español y no tendrá limitado su acceso a un puesto de trabajo, ni tendrá que soportar ninguna otra traba lingüística de las que afectan a los hispanohablantes en la actualidad en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales.
 
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