Tres miembros activos de la banda latina Dominican Don’t Play (DDP) han encontrado en el reconocimiento de su propia actividad criminal una vía para evitar su ingreso en prisión. Los tres acusados han admitido este martes durante el juicio su pertenencia a la organización delictiva tras alcanzar un acuerdo de conformidad entre sus abogados y la Fiscalía.
El Ministerio Público reclamaba inicialmente cinco años de cárcel para cada uno de los procesados por un delito de pertenencia a organización criminal. Sin embargo, el acuerdo alcanzado permitirá reducir las penas a dos años de prisión, un 60% menos de lo solicitado inicialmente, lo que abre la puerta a la suspensión de su cumplimiento.
El escrito de acusación detalla distintas intervenciones policiales relacionadas con los procesados a lo largo de varios años, entre ellas detenciones por robos violentos, lesiones, amenazas y tenencia ilícita de armas.
La Fiscalía describe a los Dominican Don’t Play como una organización criminal jerarquizada, con normas internas, reuniones periódicas y una distribución de responsabilidades entre sus integrantes. La banda, fundada en Nueva York a principios de los años noventa, comenzó a implantarse en España en 2004 y cuenta actualmente con siete células territoriales en la Comunidad de Madrid.
De acuerdo con el Ministerio Público, la organización busca imponer su dominio sobre calles y barrios mediante la violencia y la intimidación, tanto contra integrantes de bandas rivales como contra ciudadanos ajenos a estos grupos. Entre sus actividades delictivas figuran el tráfico de drogas, los robos violentos y la utilización ilícita de armas.
El acuerdo judicial se produce en un contexto de sucesivos episodios de violencia vinculados a esta organización criminal. El pasado mes de octubre, la Policía Nacional detuvo a tres presuntos integrantes de los DDP por su participación en el apuñalamiento de un menor en el distrito madrileño de Carabanchel. En junio, la Audiencia Nacional condenó a once miembros de otra célula de la banda a penas de entre un año y medio y cuatro años de prisión.
En esta ocasión, los tres acusados han conseguido, al admitir su pertenencia a la organización criminal, una rebaja de sus penas que les permitirá solicitar la suspensión de su ingreso en prisión.