Diez meses después del gran apagón del 28 de abril, las grabaciones de las conversaciones mantenidas durante el llamado «cero eléctrico» continúan fuera del alcance público. Red Eléctrica, operador del sistema y participada por el Estado, ha rechazado facilitar a la comisión de investigación del Senado los audios intercambiados con las principales compañías del sector —Iberdrola, Naturgy y Endesa— en las horas críticas en las que España permaneció sin suministro eléctrico durante cerca de diez horas.

La negativa, adelantada por The Objective, se fundamenta en la supuesta colisión de esa entrega con los deberes legales de confidencialidad que afectan al operador del sistema, así como en la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales de la propia empresa y de sus empleados. Un argumento que contrasta con la disposición mostrada por algunas eléctricas, entre ellas Iberdrola, que sí han manifestado su voluntad de aportar esas comunicaciones.

El pasado verano, la comisión del Senado requirió formalmente ese material al gestor de la red, fijando un plazo de 20 días hábiles para su entrega. La petición situó a Red Eléctrica en una posición delicada, ya que las grabaciones podrían resultar determinantes para esclarecer las responsabilidades de lo ocurrido. Fuentes del sector ya apuntaron entonces a la posibilidad de que el operador buscase fórmulas para evitar que los audios vieran la luz.

Las grabaciones también han sido reclamadas en el Congreso por los grupos de la oposición. Además, una solicitud presentada ante el Portal de Transparencia fue igualmente denegada. Hasta la fecha, sólo han trascendido algunas transcripciones parciales de lo sucedido durante aquella jornada.

Mientras tanto, la falta de una explicación concluyente alimenta el malestar en la opinión pública. Según ha publicado Cinco Días, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia optará por no señalar responsables directos y limitará su actuación a la apertura de expedientes sancionadores. De confirmarse esta línea, el informe del Gobierno se consolidará como el relato oficial de lo sucedido, ya que tampoco las investigaciones de los expertos europeos de Entso-E tienen como objetivo determinar culpables.

El control del relato no es una cuestión menor. Sobre la mesa hay cientos de millones de euros en posibles indemnizaciones por las pérdidas sufridas durante las diez horas sin electricidad. Repsol ya ha anunciado que presentará antes de finales de abril una reclamación por valor de 125 millones de euros por los daños derivados del apagón.

En paralelo, la Justicia ha asumido la tesis defendida por el Ministerio para la Transición Ecológica. La Audiencia Nacional, en un auto de 12 de enero, archivó la investigación por un posible ciberataque y atribuyó el incidente a «causas multifactoriales», en línea con el informe gubernamental. El tribunal identifica tres factores y sitúa en dos de ellos la responsabilidad en el ámbito empresarial. Señala que Red Eléctrica no planificó adecuadamente el número de tecnologías síncronas necesarias para absorber la sobretensión, pero también sostiene que determinadas centrales no respondieron a las instrucciones del operador y se desconectaron de forma indebida.

Desde finales de julio de 2025, la comisión del Senado ha escuchado a los consejeros delegados de las principales energéticas, al consejero delegado y a la presidenta no ejecutiva de Red Eléctrica, a responsables de la CNMC, a representantes de asociaciones sectoriales, a expertos en energía y a altos cargos del Ministerio. Aunque este tipo de foros suelen ser objeto de críticas por su componente político, en este caso han servido para abrir un debate técnico sobre el funcionamiento del sistema eléctrico y la necesidad de mayor transparencia.

Sin embargo, mientras las grabaciones permanezcan bajo llave, la pieza clave de aquel 28 de abril seguirá siendo una incógnita. Y con ella, la posibilidad de esclarecer definitivamente qué ocurrió durante las diez horas en las que España se quedó a oscuras.