El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa se plantea hacer «revelaciones» en el juicio a la rama valenciana de Gürtel después de que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, le señalara como la persona que le obligó a cobrar por sus servicios por medio de facturas falsas a empresarios.
La confesión que hizo el pasado martes Correa ha causado un terremoto en el banquillo y ha provocado que el juicio quede interrumpido 48 horas para permitir a las defensas de dos de los principales acusados, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, «El Bigotes», negociar un acuerdo con la Fiscalía.
Por el momento, esta es una posibilidad que la defensa de Costa no se plantea, pero si prevé hacer «revelaciones» con el objeto de desprenderse de la acusación directa que hizo Correa hacia él.
Respecto de Crespo y «El Bigotes», fuentes jurídicas han informado a Efe, de que esta mañana los abogados de ambos acusados se han reunido con la fiscal del caso, Miriam Segura, y tras intensas negociaciones no han alcanzado acuerdo alguno sobre ningún aspecto.
No obstante, las mismas fuentes han señalado que pese a ello no se da por cerrada la negociación y en las próximas horas podría producirse otro encuentro.
Los esfuerzos de los abogados se centran en garantizarse la aplicación de atenuantes por confesión y reparación del daño, tal y como hizo en su día Francisco Correa al dirigir un escrito al juez central de lo penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, que está enjuiciando estos hechos.
En ese escrito, Correa confesaba los modos irregulares en que le pagó el PP valenciano por actos de campaña en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008, si bien no fue hasta su declaración en la vista cuando desveló el nombre de Costa.
En concreto, dijo que Crespo se había reunido con Costa y que éste le había dicho que tenían que facturar sus trabajos a empresarios, por lo que ahora Crespo, y el propio Costa, deberán corroborar o no esta afirmación.
Al pedir la suspensión del juicio, el abogado de Crespo, Miguel Durán, expuso que los motivos por los que necesitaba tiempo era para decidir con su cliente si cambiaban su línea de defensa y acordar hasta dónde pueden llegar los «datos relevantes», que anunció podría aportar su cliente.
Los primeros en pactar con la Fiscalía en esta causa, meses antes de que comenzara el juicio, fueron los nueve empresarios acusados de pagar comisiones al PP a cambio de adjudicaciones, quienes han reconocido que financiaron de forma irregular a la formación.
A estos les siguió Correa, que con su inesperado dardo a Ricardo Costa ha creado un efecto dominó en otros acusados que se están replanteando la línea de defensa y la posibilidad de alcanzar un acuerdos para atenuar las condenas.
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Correa afirma que el PP le obligó a facturar irregularmente las campañas