'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

RTVE, el ente público que contrata a productores separatistas

En la televisión pública que pagamos entre todos los españoles se silencian muchas voces críticas con la gestión del Gobierno.

José Antonio Sánchez, presidente de RTVE, explicaba hace unos días que la censura en TV3, la televisión pública catalana, estaba haciendo que los contertulios se fueran de ese medio. Frente a ello, presentaba el grupo de medios que preside como el ejemplo del lugar al que todos los contertulios pretenden acceder. Pero Sánchez ocultaba una realidad que es criticada por muchos medios: que en la televisión pública que pagamos entre todos los españoles se silencian muchas voces críticas con la gestión del Gobierno.
El presidente del ente público aseguraba que: “La diferencia entre TV3 y TVE es que allí se están yendo los tertulianos por su línea editorial, mientras que yo tengo a 20 profesionales en lista de espera para poder opinar en nuestros programas. Es la diferencia entre su televisión y la mía”. Pero no aclaraba qué línea editorial tienen esos supuesto tertulianos que estarían llamando a su puerta. Desde luego, no hay ninguno que pertenezca a los medios desde los que se ha criticado la forma de gobernar de Mariano Rajoy. Ni los que lo han hecho durante la etapa de la mayoría absoluta ni los que se han sumado a las críticas tras las elecciones bis del año pasado.
Entre los profesionales que no son llamados a opinar en TVE se encuentran los profesionales de Intereconomía, que llevan desde 2011 recordando a Rajoy que sus votantes siguen esperando que apruebe una ley sobre el aborto que defienda la vida desde la concepción, que complete el procedimiento contra el matrimonio homosexual que se encuentra parado en el Tribunal Constitucional o que suprima la Ley de Memoria Histórica para que vuelva la reconciliación a España. Son solamente algunos ejemplos de las reivindicaciones que no se escucharán en la televisión pública, esa que pagan todos los españoles con sus impuestos.
Sin embargo, en la televisión pública nacional si hay cabida para quienes atacan la unidad de España e insultan a las altas instituciones del Estado. José María Mainat, director ejecutivo de Endemol, la productora que vende a TVE Operación Triunfo, entre otros productos. Mainat publicó recientemente en su perfil de la red social Twitter el siguiente mensaje: «Me cago en el reino de España, en sus políticos, en su justicia y en su puto borbón». De momento no se conoce ninguna reacción por parte de los responsables de la televisión de España, donde la primera institución del Estado es el “puto Borbón” al que se refiere el máximo responsable ejecutivo al que paga esa cadena con el dinero de los impuestos de todos los españoles.

Las productoras externas, modelo de gestión de TVE

Es posible que Sánchez crea que puede aprovechar el enfado que existe contra el separatismo catalán y su principal medio de difusión, TV3, para justificar el apoyo incondicional que las cadenas que preside dan al Gobierno de Rajoy, aplicando una censura ideológica del mismo sesgo que la que se vive en la televisión pública catalana. Pero el más leve análisis de sus afirmaciones demuestra que se equivoca, o pretende engañar, que es peor.
Su cadena no puede tener una lista de contertulios en espera por la sencilla razón de que cada vez son más las producciones compradas a empresas extranjeras, hasta el punto de bordear la legalidad con la externalización de servicios. Compra caro fuera porque el precio le permite seguir recortando en mano de obra dentro de TVE. Son las consecuencias de seguir con el modelo de gestión impuesto por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que decidió eliminar la publicidad de las cadenas públicas estatales. Algo que por cierto no han hecho las autonómicas.
Son esas productoras las que contratan a los contertulios que acuden a los programas de opinión. Por lo tanto las listas de espera las tendrán las productoras, no RTVE, con lo que el señor Sánchez ni conoce ni le preocupa cuántos contertulios pretendan salir en los medios que preside. Su única preocupación es la de limitar la crítica al Ejecutivo de Rajoy.

Hacienda contra la externalización

Los números son claros. El último ejercicio con datos auditados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) es el de 2015. En ese documento se repiten, pero ampliadas, las llamadas de atención sobre la gestión de TVE en lo que se refiere a la contratación de producción externa. La norma establece que el ente público debe realizar un 55% de la producción deportiva y de entretenimiento con producción interna, mientras que la producción de informativos debe ser del 100%. En 2014, TVE compró fuera el 31,8% y en 2015, el 38%. Si hablamos de números, en el caso del ejercicio de 2015 la televisión que pagamos todos y que mantiene una plantilla de 6.300 personas, dedicó 116 millones a producción externa de los 378 millones que tiene de presupuesto total para su gestión.
Esta cantidad contrasta con los 73 millones que dedicó a externalización de la producción en 2014 y los 70 del ejercicio 2013.
Pero este no es el único incumplimiento de la normativa por la que se rige el ente público. También establece que la producción propia debe emitirse en horarios con buena audiencia. Pero la realidad dista mucho de ello y la mayor parte de los materiales elaborados por los profesionales de la casa se emiten en La 2 o en horarios de baja audiencia.
IGAE también afea a la gestión de Sánchez que no cumpla los denominados “informes de idoneidad”. Son unos documentos en los que debe justificar la compra de espacios de producción externa. En ellos debe dejar demostrado que no se pueden acometer con los medios propios de RTVE. Según el organismo, que depende de Hacienda, no siempre se encuentran estos documentos en los expedientes de producción externalizada. Tampoco se encuentran en la mayoría de los casos los informes sobre previsión de audiencia, que también son preceptivos.
El informe de IGAE es muy duro a la hora de señalar que en la gestión de RTVE hay una importante falta de justificación de la contratación externa. Una contratación que choca con el hecho de que el ente público sigue manteniendo una plantilla muy extensa -6.300 profesionales- que debería ser capaz de acometer la mayor parte de la producción.
 
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