El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado de forma extraordinaria el Consejo de Seguridad Nacional para este martes, casi un mes después de la invasión de Ceuta protagonizada por 80.000 inmigrantes ilegales durante los días 30 y 31 de julio.
La reunión se celebrará en La Moncloa, coincidiendo con el regreso de Sánchez de sus vacaciones y junto al primer Consejo de Ministros tras el parón estival. Para entonces, miles de las personas que participaron en la invasión continuarán en la ciudad autónoma, cuyos servicios sanitarios y asistenciales soportan una presión creciente.
El Consejo de Seguridad Nacional es el órgano encargado de asistir al Ejecutivo en las cuestiones que afectan a la seguridad del país. Sus estatutos establecen reuniones cada dos meses, aunque el presidente puede convocarlo en cualquier momento cuando las circunstancias lo exijan.
Esa posibilidad permite reunir a sus integrantes en cuestión de horas. Sánchez ya recurrió a ella el 24 de febrero de 2022, el mismo día en que Rusia inició la invasión de Ucrania. La sesión se celebró aquella mañana en el Palacio de La Zarzuela y estuvo presidida por el Rey Felipe VI.
La reacción ante el asalto a Ceuta ha sido muy distinta. Aunque en esta ocasión estaba afectada una frontera española, Sánchez descartó activar de inmediato el órgano después de desplazarse a la ciudad autónoma al día siguiente de la entrada masiva. La convocatoria ha llegado ahora, una vez terminado su descanso estival.
En la mesa se sentará una amplia representación del Ejecutivo, incluidos los titulares de Defensa, Interior, Asuntos Exteriores, Presidencia, Justicia, Hacienda, Transportes, Industria y Sanidad. También participarán la directora de Seguridad Nacional, la general Loreto Gutiérrez Hurtado; la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro López Calderón.
El Gobierno todavía no aclara qué sabía
Casi un mes después de la invasión, el Ejecutivo sigue sin aclarar qué información manejaba antes del 30 de julio. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostuvo durante días que el Gobierno no había recibido avisos capaces de anticipar el asalto.
Esa versión choca con las alertas previas atribuidas al CNI y al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, así como con las advertencias remitidas por el presidente de Ceuta y por las instituciones comunitarias.
El Gobierno tampoco ha cerrado una cifra oficial de entradas. El Departamento de Seguridad Nacional distribuyó el 31 de julio una nota que elevaba el número por encima de las 49.000 personas. El dato fue recogido por agencias nacionales e internacionales, pero la responsable de comunicación que lo difundió fue cesada de forma fulminante. El Ejecutivo ceutí calcula que pudieron acceder hasta 80.000 inmigrantes ilegales.
La respuesta política también se hizo esperar. Sánchez no nombró al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, coordinador de la actuación de cinco ministerios hasta tres semanas después del asalto. El Gobierno creó así una suerte de mando único cuando la emergencia ya había desbordado los recursos de la ciudad.
En Ceuta permanecen miles de inmigrantes mientras los expertos alertan del riesgo de colapso sanitario y de los servicios públicos. El Ejecutivo mantiene además su intención de trasladar a la Península a 500 menores marroquíes.
La convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional coincide con las primeras explicaciones parlamentarias del Gobierno sobre su actuación. Sánchez reunirá por fin a los responsables políticos, militares y de Inteligencia cuando han transcurrido casi cuatro semanas desde la entrada masiva y después de que la falta de previsión, las cifras contradictorias y los retrasos hayan marcado la respuesta de La Moncloa.