En 2022, dentro de un plan de sostenibilidad para las Fuerzas Armadas, el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó la adquisición de 170 furgones eléctricos de la marca china Maxus. Según ha desvelado The Objective, la inversión, valorada en 2,5 millones de euros, fue formalizada por la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico y adjudicada a la empresa distribuidora de la firma asiática en septiembre de ese año.

La elección de un fabricante chino ya generó recelos en ámbitos militares, donde se recordaban las advertencias lanzadas por la OTAN y Estados Unidos desde 2018 sobre el uso de material procedente de países con intereses estratégicos contrarios en instalaciones críticas. La preocupación se ha reactivado en las últimas semanas, después de que Reino Unido e Israel prohibieran el acceso de furgones Maxus a sus bases militares y centros de inteligencia ante el riesgo de que los sistemas electrónicos puedan captar y transmitir información sensible del entorno.

No obstante, en España, este caso se suma a otras controversias sobre tecnología de origen chino en ámbitos de seguridad nacional. Entre ellas, la presencia de Huawei en servidores vinculados al sistema de escuchas telefónicas Sitel, con contratos por 12,3 millones de euros, el uso de equipos del país asiático en el Ejército del Aire y la instalación de cámaras chinas en la vigilancia de la base conjunta de Morón de la Frontera (Sevilla).