El antiguo bar Toledanos, situado en la calle San Andrés de Leganés, permanece parcialmente okupado por una familia marroquí que se niega a abandonar el inmueble. Los ocupantes aseguran que mantienen un contrato con el hombre que les subarrendó el local sin permiso del propietario, pese a que éste ya ha regresado a Marruecos.
El establecimiento pertenece a Alberto Casas y a su madre. Su padre, Antonio Casas, murió allí durante un atraco en 2003, cuando tenía 59 años. Su cadáver fue encontrado tras la barra, sentado y con la cabeza apoyada en el fregadero, después de haber recibido varias puñaladas. La familia decidió entonces cerrar el negocio.
El local permaneció vacío durante más de una década. En 2016, sus propietarios vaciaron las dos plantas —la zona del bar y un almacén situado en el nivel inferior— y se las alquilaron por 700 euros mensuales a Tarek, un hombre de origen marroquí.
Alberto sostiene que el arrendatario les explicó que utilizaría el espacio para reunirse con amigos. Sin embargo, Tarek dividió ambas plantas sin autorización y subarrendó la parte superior a otra familia marroquí. Después se instaló en el antiguo almacén, conectado con un edificio colindante, donde construyó una suerte de baño y dormitorio también sin permiso.
Durante años pagó puntualmente el alquiler, por lo que los dueños no sospecharon lo que ocurría en el interior. La situación quedó al descubierto en el verano de 2025. Para entonces, la familia instalada en el antiguo bar se negaba a salir y Tarek había abandonado España para regresar a Marruecos.
La planta inferior tampoco quedó libre. Achraf, hermano del arrendatario y con varios antecedentes, aprovechó que el almacén estaba vacío para okuparlo. Alberto reclamó a Tarek que solucionara el problema, pero éste respondió que ya no era asunto suyo y alegó que apenas mantenía relación con su hermano.
Un escenario vinculado a varios delitos
El 8 de septiembre de 2025, Achraf recibió tres puñaladas en el tórax y el abdomen junto al antiguo establecimiento. Fue ingresado en estado muy grave en el Hospital 12 de Octubre, aunque consiguió sobrevivir.
Semanas después fue detenido dentro del inmueble como presunto autor de la violación de una joven de 22 años, a la que habría sometido mediante sumisión química. Unos vecinos encontraron a la víctima en la calle, casi desnuda, desorientada y en estado de shock.
Los agentes localizaron en el interior del local sustancias estupefacientes y efectos personales de la joven. La víctima fue trasladada al Hospital Severo Ochoa y el detenido quedó a disposición judicial.
Apenas un mes después, en vísperas de Navidad, Achraf volvió a ser arrestado. En esta ocasión, fue acusado de atracar a un hombre con una navaja para robarle varios recibos de lotería.
Alberto y su madre aprovecharon su ingreso en prisión para recuperar la planta inferior con la ayuda de un amigo ferretero. Cambiaron la cerradura e instalaron una alarma con el objetivo de impedir una nueva entrada ilegal.
Una familia con menores permanece en el local
La planta superior, sin embargo, continúa okupada. Alberto ha intentado negociar en varias ocasiones con la familia, pero sus integrantes sostienen que su contrato fue firmado con Tarek y que es a él a quien deben pagar.
«Les hemos intentado dar dinero, pero lo rechazan. Dicen que no saben dónde ir y que cuando encuentren algo se marcharán. Llevamos con esa cantinela meses», denuncia el propietario.
Los dueños desconocen si los ocupantes han realizado nuevas obras para convertir el antiguo bar en una vivienda. El local disponía inicialmente de un baño pequeño y sin ducha y, según Alberto, mantiene la electricidad enganchada de forma ilegal.
Ante la falta de una solución, la familia ha recurrido a Rogelio Gómez, presidente de la empresa de mediación OPS2 Servicios. Gómez confía en que la vía judicial permita ejecutar el desalojo antes de septiembre. También advierte de que dentro viven menores pese a que el antiguo establecimiento no reúne condiciones adecuadas para ser utilizado como vivienda.
