evita exigir responsabilidades a Rabat
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Por Carlos Rioba
3 de agosto de 2026
La invasión de Ceuta ha dejado al descubierto el creciente aislamiento de Pedro Sánchez dentro de la Unión Europea. El presidente del Gobierno ha optado por gestionar la situación sin recurrir a los distintos ofrecimientos de ayuda formulados desde Bruselas y otras capitales comunitarias, mientras responde con dureza a los dirigentes europeos que cuestionan su política de inmigración.
Sánchez ha llegado a tachar de «egoístas» y «polarizadores» a varios de sus socios. El tono contrasta con el empleado hacia Marruecos, país al que el jefe del Ejecutivo ha agradecido su «cooperación» sin exigir responsabilidades públicas por la entrada masiva de decenas de miles de jóvenes marroquíes en territorio español.
La posición de Moncloa resulta cada vez más difícil de sostener dentro de una Europa que ha endurecido su política contra la inmigración ilegal. Mientras una mayoría de gobiernos reclama más controles, expulsiones rápidas y acuerdos con terceros países, Sánchez impulsa una regularización masiva y se opone a algunas de las principales herramientas diseñadas para ejecutar las deportaciones.
La regularización que irrita a Europa
El malestar europeo no comenzó con Ceuta. Varios gobiernos llevaban meses cuestionando la decisión española de regularizar a un número todavía indeterminado de inmigrantes ilegales, una medida que no fue pactada con los demás Estados miembros pese a sus consecuencias sobre el conjunto del espacio Schengen.
La iniciativa llegó, además, después de que los Veintisiete acordasen reforzar las fronteras exteriores y acelerar el retorno de quienes no tienen derecho a permanecer en territorio comunitario. Para buena parte de los socios, España ha avanzado justo en la dirección contraria.
Las imágenes de miles de jóvenes marroquíes atravesando por la fuerza la frontera de Ceuta han servido para que ese malestar saliera a la superficie. Los gobiernos europeos temen que cualquier regularización nacional termine afectando a toda la Unión por la libertad de circulación dentro del espacio Schengen.
Sánchez contra el nuevo rumbo migratorio
El presidente español también ha tratado de retrasar el nuevo pacto europeo de inmigración por su rechazo a la creación de centros de retorno fuera de la Unión Europea. Este instrumento se ha convertido en una de las principales apuestas de los gobiernos partidarios de agilizar las expulsiones.
La posición de Sánchez lo ha alejado incluso de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, una de las pocas dirigentes socialistas del Consejo Europeo. Frederiksen ha respaldado una política migratoria restrictiva y ha aproximado sus posiciones a las defendidas por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
La presidencia irlandesa de la Unión Europea ha intervenido para tratar de contener el enfrentamiento provocado por la carta remitida por Sánchez a otros 22 dirigentes. El primer ministro irlandés, Micheál Martin, ha anunciado una reunión por videoconferencia de los ministros de Interior para el próximo martes.
Los embajadores de los Estados miembros se reunirán un día antes con el objetivo de preparar el encuentro y rebajar la tensión. La presidencia también ha activado el Mecanismo de Coordinación Política de Crisis de la UE, encargado de articular una respuesta común ante situaciones graves con dimensión europea.
Este mecanismo podría haberse puesto en marcha antes si el Gobierno español hubiese solicitado su activación. Moncloa, sin embargo, prefirió mantener inicialmente la gestión dentro del ámbito nacional pese a que la entrada masiva afecta a una frontera exterior de la Unión y al conjunto del espacio Schengen.
Silencio ante la responsabilidad de Rabat
La dureza de Sánchez con sus socios europeos no se ha trasladado a Marruecos. El Ejecutivo español ha evitado denunciar cualquier responsabilidad de Rabat y ha elogiado las readmisiones efectuadas después del asalto fronterizo.
El exministro sueco de Exteriores Carl Bildt ha expresado sus dudas sobre la versión que desvincula a las autoridades marroquíes. «No me puedo imaginar que las autoridades marroquíes no estuvieran al menos al corriente, en caso de que no hayan sido cómplices, de que cuarenta o cincuenta mil personas se dirigieran a cruzar la frontera», ha señalado.
Bildt sostiene que las informaciones recibidas apuntan a que Marruecos no impidió la marcha y pudo incluso alentarla. La composición de la avalancha también ha llamado la atención de fuentes relacionadas con los servicios de inteligencia: a diferencia de anteriores asaltos, los protagonistas fueron jóvenes marroquíes y no inmigrantes procedentes del África subsahariana.
El exresponsable portugués de Asuntos Europeos Bruno Maçaes ha ido más lejos y ha planteado que lo sucedido en Ceuta podría constituir un ataque híbrido. Esa hipótesis situaría la apertura deliberada de la frontera como un instrumento de presión política contra España.
Bruselas mantiene el apaciguamiento
La Comisión Europea intenta preservar su relación con Rabat y, al mismo tiempo, evitar una fractura abierta entre los Estados miembros. Bruselas continúa describiendo a Marruecos como un «socio cercano y de larga trayectoria» con el que pretende profundizar su asociación estratégica.
La vicepresidenta de la Comisión Dubravka Suica ha trasladado al ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, su preocupación por la «inaceptable situación en Ceuta». Sin embargo, también ha agradecido la «rápida actuación» de Marruecos, su cooperación y las readmisiones realizadas.
La prudencia de Bruselas responde al temor de abrir una segunda crisis diplomática con Rabat mientras la Unión trata de contener el choque generado por Sánchez. Pero el equilibrio resulta cada vez más precario: la estrategia de apaciguamiento no despeja las sospechas sobre la actuación marroquí ni resuelve el enfrentamiento entre España y la mayoría de sus socios.
La invasión de Ceuta ha terminado por unir ambos problemas. Por un lado, la capacidad de Marruecos para utilizar la inmigración como instrumento de presión. Por otro, una política del Gobierno español que ofrece facilidades a quienes han entrado ilegalmente mientras rechaza el endurecimiento promovido por el resto de Europa.
Sánchez ha elegido enfrentarse a 22 dirigentes europeos antes que señalar a Rabat. Esa decisión deja a España más aislada, debilita su posición negociadora y convierte al presidente en el principal obstáculo para el giro europeo contra la inmigración ilegal.