El 16 de noviembre de 2023, en Madrid, Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno e inició su tercer mandato, a pesar de haber perdido las elecciones del 23-J frente al Partido Popular. La mayoría que le sostuvo surgió tras cuatro meses de negociaciones, un viaje a Suiza del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán —hoy en prisión provisional por la presunta trama del caso Koldo— para reunirse con el prófugo Carles Puigdemont, y un pacto final con Sumar que permitió ensamblar los 179 votos necesarios.

La campaña socialista se presentó bajo el lema “Un programa para la mejor España”, un eslogan que hoy contrasta con la realidad de un país con los Presupuestos Generales bloqueados desde 2023, un acceso a la vivienda en situación límite, una emancipación juvenil retrasada hasta los 30 años —muy por encima de la media europea— y una pérdida continua de poder adquisitivo. El balance de las principales promesas electorales de PSOE y Sumar revela que sólo una, la relativa a la digitalización del territorio, puede considerarse plenamente cumplida; el resto se mueven entre avances irrelevantes e incumplimientos evidentes.

En materia económica, el aumento del SMI desde 2020 —de 950 euros a 1.184— queda prácticamente neutralizado por una inflación del 22,5% en el mismo periodo, mientras que los alimentos básicos subieron un 34%, un golpe directo para las familias con menos recursos. El salario medio tampoco compensa la escalada de precios: creció un 11,5%, muy por debajo del IPC acumulado.

La reducción de la jornada laboral, uno de los grandes compromisos de Yolanda Díaz, se desplomó en el Congreso por 178 votos contra 170, con Junts alineándose con PP, VOX y UPN ante el riesgo que la medida suponía para pymes y trabajadores. La vivienda tampoco muestra resultados: el Gobierno prometió 50.000 pisos públicos a través de Sepes, pero tras dos años sólo se desarrolla suelo para unas 20.000 viviendas, sin expectativas reales de ejecución a corto o medio plazo. El segundo lote de 50.000 viviendas, procedentes de la Sareb, continúa empantanado: el traspaso de inmuebles aún no se ha materializado y muchos de ellos están a medio construir o en mal estado.

Los afectados por el volcán de Cumbre Vieja siguen esperando las ayudas estatales comprometidas. Dos años después, los fondos continúan congelados ante la falta de Presupuestos, mientras unas 3.000 personas no han recibido todavía todas las compensaciones prometidas y 115 familias siguen viviendo en casas prefabricadas, según denunciaron organizaciones locales y la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido.

El deterioro del transporte ferroviario se ha convertido en otro símbolo del retroceso. Renfe acumula averías y retrasos constantes, mientras las promesas de Alta Velocidad vuelven a aplazarse. El AVE a Almería, que Sánchez anunció para 2026, se retrasa ahora a 2027 según el ministro de Transportes, Óscar Puente. La alta velocidad en Extremadura, por su parte, no se prevé operativa antes de 2034.

La situación de la infancia contradice por completo el discurso oficial. España se convierte en 2024 en el país con mayor pobreza infantil de la Unión Europea, con un 29,2%, casi diez puntos por encima de la media comunitaria. La Ley de Protección de la Infancia, que debía impulsar juzgados especializados, apenas se ha desplegado: sólo existen tres secciones judiciales, pese a que las denuncias con menores víctimas han aumentado un 63,6% respecto a 2010.

En conciliación, el Gobierno intenta presentar un permiso «único» de 19 semanas como un avance sustancial, pero en realidad suma el permiso de nacimiento con apenas dos semanas retribuidas por cuidados, muy por debajo de lo exigido por Bruselas y de lo prometido por Sumar. Mientras tanto, el compromiso de reforzar la presencia del Estado en provincias despobladas ofrece un resultado desequilibrado: aunque se han creado dos nuevas Agencias Estatales en La Coruña y Sevilla, territorios como Cuenca, Huesca o Jaén han perdido más del 6% de sus funcionarios.

La única promesa que presenta un cumplimiento claro es la referente a la conexión digital. España encabeza la UE en despliegue de fibra óptica y cobertura 5G, con más del 94% del territorio conectado y un sistema satelital que cubre las zonas más aisladas.