Los nuevos datos publicados por la Generalidad de Cataluña revelan que un año después de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda y sus topes en zonas tensionadas, la intervención del mercado fracasa. La propia administración autonómica certifica que la norma que el Gobierno vende como solución provoca menos oferta y alquileres más caros.
La actualización que corresponde al segundo trimestre de 2025 y que recoge El Mundo confirma la tendencia iniciada un año antes, cuando el Ejecutivo catalán decidió aplicar de manera oficial la regulación estatal. La fotografía del mercado, recogida por el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), desmonta de lleno el relato gubernamental: cae la actividad contractual y suben los precios.
En el conjunto de Cataluña, el alquiler medio asciende a 854,70 euros, un 3,8% más en comparación con el año anterior. Mientras tanto, el número de contratos firmados se desploma un 9,9%. Entre marzo y junio de 2024 se registraron 29.311 contratos. En el mismo periodo de 2025, se limitaron a 26.416. La caída supera el 15% si la comparación abarca todo el primer semestre.
Barcelona refleja aún peor comportamiento. Con la ley en vigor, la actividad contractual cae más de un 10%, por encima del promedio catalán. Sobre el papel, la capital sólo habría encarecido el precio un 0,35% respecto a junio de 2024. Sin embargo, esta aparente contención tiene letra pequeña.
El alquiler medio continúa en 1.135,55 euros, prácticamente el valor de un salario mínimo mensual, y el precio por metro cuadrado bate récords: 16,56 €/m². El antiguo secretario de Vivienda de la Generalidad y portavoz actual de los agentes de la propiedad inmobiliaria, Carles Sala, señala que esta subida se explica porque los pisos que salen al mercado tienen menos superficie.
Sala detalla la situación con una frase contundente: si el piso medio pasa de 73 m² a 71 m² y el precio por metro cuadrado aumenta, el inquilino paga lo mismo o más por menos espacio. El experto subraya además que los contratos de nueva firma se desploman aproximadamente un 17%. La contención de rentas, afirma, beneficia únicamente a quienes ya viven de alquiler mientras excluye a quienes buscan acceder al mercado, especialmente a los jóvenes y a los hogares más vulnerables. El motivo principal: el miedo de los propietarios al riesgo y a los problemas.
Los datos intertrimestrales de 2025 muestran un panorama todavía más negativo: los precios en Barcelona suben 4,75% en solo tres meses.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió esta misma semana en el Congreso su regulación. El dirigente socialista afirmó que la falta de intervención lleva décadas fracasando en toda Europa y justificó así su política de topes.
Los datos catalanes desmienten esa afirmación y refuerzan la postura de los gobiernos autonómicos del PP, que rechazan la presión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para aplicar el control de alquileres. En Madrid los precios también crecen, pero la oferta no cae y se mantiene muy por encima de la catalana. El Observatorio del Alquiler estima que la Comunidad de Madrid aumentará su oferta un 1,2%, mientras que Barcelona sufrirá otra caída del 7,7%.
El Sindicato de Inquilinos responsabiliza a los propietarios por no aplicar la ley, aunque los agentes inmobiliarios catalanes insisten en que los datos hablan solos. Sala resume la situación: si tras un año de política de contención el precio por metro cuadrado vuelve a subir y se firman menos contratos, el relato político se desmorona.
Para el experto, el año actual también arrastra la distorsión generada desde junio de 2023, cuando el simple anuncio de la futura regulación provocó una retirada progresiva de oferta.
El balance es claro: la Ley de Vivienda no amplía el parque de alquiler, no mejora la accesibilidad y sí reduce la actividad del mercado, justo lo contrario de lo que prometió el Gobierno.
