El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado dar explicaciones sobre el despliegue del Buque de Acción Marítima (BAM) Furor, enviado a finales de septiembre para asistir a la llamada «Flotilla de Gaza», una operación que generó polémica pública, movilizaciones en la calle y un notable gasto en recursos del Estado tras la repatriación de los participantes.

Moncloa sostiene al diario El Debate que no existe constancia alguna de órdenes directas emitidas desde la Presidencia hacia el Ministerio de Defensa respecto a esta misión. Así lo confirma un documento fechado el 4 de noviembre, firmado por la directora jurídica de la Presidencia, Isabel León, en el que se asegura que no hay registro de instrucciones del jefe del Ejecutivo «en relación con la misión desempeñada por la patrullera Furor«. Resulta llamativo, sin embargo, dado que el artículo 2.2.f de la Ley 50/1997 del Gobierno establece que corresponde al presidente «dirigir la política de defensa y ejercer las funciones previstas sobre las Fuerzas Armadas».

La actuación de Sánchez contrasta con la puesta en escena que él mismo protagonizó semanas antes ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde proclamó la necesidad de «garantizar el derecho de los ciudadanos españoles a navegar con seguridad por el Mediterráneo». En aquel momento, el presidente hizo público el envío del Furor para proteger a varios compatriotas que viajaban a bordo de los barcos rumbo a Gaza, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Ahora, en cambio, el jefe del Ejecutivo ha optado por mantener un perfil bajo y dejar que la ministra de Defensa, Margarita Robles, asuma el peso político de las explicaciones. La operación —que según diversas fuentes internas podría haber tenido implicaciones diplomáticas delicadas con Israel— fue presentada en su día como una intervención humanitaria, pero terminó envuelta en críticas por el supuesto apoyo del Gobierno español a una expedición considerada propagandística por algunos sectores.

El documento de Presidencia, además, apunta al Ministerio de Asuntos Exteriores como responsable de aclarar qué tipo de ayuda o comunicación se solicitó desde la Flotilla antes de la intervención del buque militar. Hasta el momento, ese departamento no ha emitido ninguna información pública sobre el asunto.

Por su parte, el Ministerio de Defensa se ha amparado en la Ley de Secretos Oficiales de 1968 para rechazar la difusión de los detalles del operativo. En una respuesta dirigida al medio El Debate, Defensa argumenta que los datos requeridos están clasificados como «información operativa» y, por tanto, no pueden hacerse públicos. El texto cita el acuerdo del Consejo de Ministros de 1986 —reforzado por las resoluciones de 1994— que otorga el nivel de «SECRETO» a cualquier despliegue de unidades militares, por considerarse materia sensible para la seguridad nacional.

El propio teniente general José Antonio Herrera, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, subraya en su escrito que divulgar información sobre la misión podría «provocar un daño mayor a la seguridad y defensa nacionales que el beneficio derivado del acceso público a esos datos». En su opinión, el carácter reservado del despliegue del Furor responde a la normativa vigente sobre operaciones estratégicas, por lo que no es posible revelar ni su justificación ni los procedimientos seguidos.

En definitiva, el Gobierno ha cerrado filas en torno al silencio institucional sobre una actuación que, según distintas fuentes militares, nació de un impulso político y terminó convertida en un asunto incómodo para Moncloa, tanto por su coste como por el contexto diplomático que la rodea.