El Gobierno de Sánchez aprobó en julio una nueva subvención internacional por valor de 460.000 € destinada a un proyecto en Sudamérica bajo el título Convocatoria instrumental Bolivia, Paraguay, Argentina ARAUCLIMA 2025 Redes Chaco producción sostenible del bosque chaqueño. La ayuda fue tramitada a través del Sistema Nacional de Programas y Subvenciones para Actividades Públicas (SNPSAP) y concedida mediante entrega dineraria sin contraprestación, lo que significa que el dinero no deberá ser devuelto ni justificado mediante beneficios económicos directos para España.

El proyecto, vinculado al programa ARAUCLIMA de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), tiene como objetivo promover la llamada «producción sostenible» en el bosque chaqueño, una extensa región que abarca territorios de Bolivia, Paraguay y Argentina. Se trata de una zona semidesértica y de clima extremo, caracterizada por especies resistentes al calor y la sequía como el quebracho blanco, el algarrobo o el mistol.

Según la documentación oficial, que ha hecho pública el exdiputado de Ciudadanos Pablo Cambronero en X, los beneficiarios elegibles de esta convocatoria son personas jurídicas que no desarrollan actividad económica, lo que indica que el dinero se canalizará a través de entidades sin ánimo de lucro, presumiblemente ONG o asociaciones ambientales. No se especifican en los registros públicos los destinatarios concretos de los fondos ni los mecanismos de verificación de su uso.

La iniciativa se enmarca dentro de la política de cooperación ambiental de la AECID en Iberoamérica, que desde hace años destina fondos a proyectos relacionados con el cambio climático y la gestión de recursos naturales. Sin embargo, la ausencia de datos públicos sobre los resultados medibles de estas subvenciones y la falta de transparencia en la selección de beneficiarios han sido objeto de críticas en anteriores convocatorias.

El Ejecutivo desembolsa así 460.000 euros de dinero público para una actuación internacional en la que no existe contraprestación directa ni retorno económico. Un nuevo ejemplo de cómo las políticas climáticas y de cooperación exterior del Gobierno siguen ampliando su alcance más allá de las fronteras nacionales, con partidas presupuestarias que, en muchos casos, resultan difíciles de rastrear o evaluar en términos de eficacia.