El Gobierno de Pedro Sánchez dio por cerrada la crisis diplomática abierta con Marruecos en 2021 tras unas negociaciones reservadas celebradas en enero de 2022 en Marrakech y Málaga, con presencia de intermediarios israelíes y emisarios designados por Moncloa. Según fuentes de la inteligencia española consultadas por The Objective, Rabat se comprometió en esos contactos a no volver a emplear sistemas de espionaje como Pegasus contra miembros del Ejecutivo, autoridades o agentes españoles.
El entendimiento incluía, de acuerdo con esas fuentes, la garantía de que la información obtenida tras la infección de los teléfonos móviles de Sánchez y de varios ministros —entre ellos el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska— no sería utilizada contra los intereses de España. A cambio, el reino alauí obtenía contraprestaciones. Apenas dos meses después de esos encuentros, se produjo el cambio histórico en la posición española sobre el Sáhara Occidental.
El 18 de marzo de 2022 fue Marruecos quien anunció públicamente el giro. El rey Mohamed VI recibió una carta en la que Sánchez expresaba su disposición a respaldar el plan de autonomía presentado por Rabat ante la ONU en 2007. El presidente del Gobierno defendió entonces que esa propuesta constituía «la base más seria y realista» para resolver un conflicto enquistado desde hace casi medio siglo, desde la salida de España del territorio tras la Marcha Verde.
La crisis vinculada al espionaje mediante Pegasus se prolongó durante ocho meses, el tiempo que tardó el Ejecutivo en aceptar la fórmula de armisticio planteada por Marruecos a través de mediadores israelíes. Las informaciones publicadas por The Objective, basadas en fuentes de la inteligencia española, cuestionan el relato oficial difundido por el Gobierno, que hizo público el espionaje al móvil de Sánchez un año después de que se produjera.
El origen de la ruptura con Rabat se situó en la decisión del Ejecutivo de permitir la hospitalización en La Rioja del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. A partir de ese momento se desencadenó una crisis que tuvo uno de sus episodios más graves en mayo de 2021, con la entrada masiva de inmigrantes ilegales en Ceuta tras la relajación de los controles fronterizos por parte de Marruecos. Fue en ese contexto cuando se produjo la infección del teléfono del presidente.
Durante los meses de tensión, España mantuvo intactos los compromisos financieros adquiridos con Rabat. Un mes después de los incidentes en Ceuta y del espionaje con Pegasus, el Ministerio del Interior adjudicó 30 millones de euros a Marruecos para sufragar «gastos operativos» y el mantenimiento de su policía en labores de vigilancia fronteriza. Grande-Marlaska, titular de ese departamento, había sufrido la extracción de 6,8 gigas de información de su dispositivo móvil.
En paralelo, emisarios del Gobierno mantuvieron alrededor de una decena de encuentros con representantes de la inteligencia israelí, muchos de ellos en Málaga. El rastro de esos contactos quedó reflejado en múltiples vuelos entre Madrid, Málaga, Tel Aviv, París, Marrakech y Rabat. Al menos tres aeronaves vinculadas a NSO Group —propietaria de Pegasus— y a otros entornos próximos a los servicios israelíes participaron en esos desplazamientos.
Entre ellas, la aeronave con matrícula T7-CPX registró cerca de una veintena de movimientos entre Israel, España, Marruecos y Francia. París desempeñó un papel relevante, después de que se conociera que el presidente francés, Emmanuel Macron, y varios de sus ministros también habían sido infectados con un procedimiento similar al detectado en España.
Otros dos aviones, con matrículas M-ABGG y OE-HOH, realizaron igualmente vuelos a territorio español durante aquellos meses. El primero fue vinculado por el Gobierno colombiano de Gustavo Petro a la firma israelí responsable de Pegasus. El segundo, relacionado con la empresa Intellexa —desarrolladora del software Predator—, aterrizó en Málaga cuatro días después del ataque al teléfono de Sánchez.
Ese flujo constante de reuniones y desplazamientos culminó a mediados de enero de 2022, cuando se produjeron los encuentros que, según las fuentes citadas, sirvieron para cerrar la crisis abierta por el espionaje y sentar las bases de una nueva etapa en la relación bilateral. La normalización quedó sellada públicamente en marzo, con el respaldo unilateral al plan marroquí para el Sáhara Occidental, una decisión que alteró décadas de política exterior consensuada y que no fue comunicada previamente ni al Congreso ni al propio Consejo de Ministros.
