«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
el ejecutivo autonómico decidirá quién puede recibir una beca

Sánchez entrega a la Generalidad catalana la gestión absoluta de las becas de Educación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. y el presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa. David Zorrakino

Nuevo paso en la hoja de ruta del Gobierno para desmantelar el Estado. Pedro Sánchez ha acordado ceder a la Generalidad de Cataluña el control absoluto sobre la gestión de las becas y ayudas al estudio. A partir de ahora, será el Ejecutivo autonómico quien decida quién puede recibir una beca, qué requisitos deben cumplir los solicitantes, cómo se paga y en qué condiciones. La Generalidad podrá incluso revocar ayudas ya concedidas. Todo esto, bajo la excusa de una «gestión descentralizada» que no es más que otra concesión política a los socios separatistas.

El acuerdo, recogido en un proyecto de Real Decreto firmado por el socialista Ángel Víctor Torres, otorga a Cataluña competencias que antes dependían del Estado. La cesión abarca desde la regulación y convocatoria hasta la inspección, el control presupuestario y la resolución de recursos. En la práctica, el Gobierno de Sánchez entrega al separatismo catalán las riendas del sistema de becas públicas en toda la región.

Lejos de ser un simple cambio administrativo, esta transferencia abre la puerta a nuevas formas de exclusión educativa. La Generalidad podrá imponer, entre otros criterios, un nivel mínimo de catalán para acceder a las ayudas. En un sistema educativo ya asfixiado por la imposición lingüística, esto no hace sino consolidar la marginación del español y reforzar el adoctrinamiento identitario desde las aulas.

Además del control educativo, la maniobra tiene premio. El Ejecutivo central financiará buena parte del coste de estas funciones: más de 980.000 euros anuales irán directamente a las arcas de la Generalidad en concepto de personal y espacios gestionados. El total estimado del traspaso asciende a 1,1 millones de euros, pagados en gran medida por todos los contribuyentes españoles.

En las últimas semanas, Sánchez ha acordado transferir a Cataluña competencias en inmigración, incluyendo la gestión de expulsiones y centros de internamiento. También condonó 17.000 millones de euros de deuda a la Generalidad y entregó la gestión de los trenes de cercanías a ERC.

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