El Gobierno de Pedro Sánchez ha ordenado el traslado de 54 nuevos menores extranjeros no acompañados (menas) a la provincia de Alicante, procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, obligando a la Comunidad Valenciana a destinar 855.048 euros a su acogida urgente.

La operación ha implicado la apertura con carácter de emergencia de un Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) en el albergue del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) Sierra Mariola, en Muro de Alcoy, con capacidad para 60 menores. Fuentes oficiales, según informa OKDIARIO, reconocen que se trata de una medida impuesta por el Ejecutivo central y sufragada íntegramente con fondos autonómicos, sin compensación ni financiación adicional.

El nuevo desembolso se produce en plena crisis de infrafinanciación y mientras miles de familias, pymes y autónomos siguen esperando las ayudas prometidas por el Gobierno tras la DANA del 29 de octubre de 2024, que devastó amplias zonas de la Comunidad Valenciana.

A pesar de no haber liberado aún el Fondo de Liquidez Autonómico Extraordinario (FLA), el Ejecutivo socialista continúa exigiendo a las autonomías asumir los costes del reparto de menas, forzando la creación de nuevos espacios de acogida y desviando recursos de otras emergencias sociales.

En lo que va de año, la Comunidad Valenciana ha atendido a 968 menores no acompañados, un 8% más que en todo 2024, cuando la red de acogida ya superaba el 160 % de ocupación. Las entidades del sector advierten que el sistema está al límite, y que el Gobierno sigue incrementando los traslados sin reforzar la financiación ni coordinar con las comunidades receptoras.

El origen de esta sobrecarga está en el llamado «decreto de capacidad», aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre, que impone un cupo obligatorio de 1.717 menores a la Comunidad Valenciana. Varios gobiernos autonómicos han denunciado la norma por invadir competencias y poner en riesgo la atención social de los residentes.

Los traslados impuestos por el Ejecutivo han generado incluso situaciones irregulares: menores que tienen familia o trabajo en otras autonomías son enviados igualmente a comunidades donde no tienen ningún vínculo. Entre los últimos expedientes figuran tres hermanos que pidieron quedarse en Melilla por la cercanía de sus parientes, pero fueron trasladados a la península por decisión del Ministerio.